BOGOTÁ, 31 Ago. (Notimérica) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó este martes oficialmente el plebiscito por la paz, que se celebrará el próximo 2 de octubre para que los ciudadanos ratifiquen o rechacen el acuerdo final entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con este anuncio Santos avanzó cuál será la pregunta que deberán responder los colombianos en el plebiscito. "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?"
Mientras que muchos ciudadanos ya tienen claro que apoyarán el acuerdo alcanzado, otros se decantan por decir 'no' a lo negociado. Son precisamente estos últimos los que han criticado la formulación de la pregunta debido a que esta contiene la palabra "paz"; un hecho que, según la oposición, podría confundir a los ciudadanos.
Desde Notimérica, recopilamos los principales argumentos sobre los que se sustentan los detractores al acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
1. ACUERDO DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Con el acuerdo de justicia transicional se crearía una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano con competencia exclusiva respecto de "todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado".
En base a él, el Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos", sin incluir a aquellos delitos de "lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, u otros delitos como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual".
No obstante, en caso de los guerrilleros que reconozcan los crímenes cometidos, estos se enfrentarán a una pena comprendida entre los cinco y los ocho años.
Además, los guerrilleros que pasen por el Tribunal y reconozcan su responsabilidad en los delitos pagarán sus condenas en sitios especiales de reclusión en vez de en la cárcel. Este punto, de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, se debe a que "los criminales en Cuba dijeron que como condición para firmar la paz tienen que excarcelar a todos los que están en prisión y que los que van a negociar no pueden ir a la cárcel".
Así, tanto las bajas penas para delitos como su cumplimiento fuera de una cárcel convencional, son dos de los motivos que podrían impulsar a los ciudadanos a votar en contra del acuerdo.
2. INCORPORACIÓN A LA VIDA POLÍTICA
La inserción de los guerrilleros en la vida política es otro de los aspectos controvertidos.
Según lo acordado, las primeras elecciones en las que podrán participar las FARC serán las de 2018. En ellas, para que la guerrilla desmovilizada constituya un nuevo partido, se la librará de la exigencia de haber obtenido el tres por ciento de los votos depositados en las elecciones al Senado o a la Cámara de Representantes.
No obstante, esta formación tendrá garantizada una representación mínima (y máxima) de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos periodos electorales. "Sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco escaños, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se les asignará ninguno adicional", explica el Alto Comisionado.
Por ello, las FARC tendrían representación política sin importar el número de votos recibidos, un trato especial que no reciben el resto de los partidos.
Además, hasta que puedan lograr representación parlamentaria, las FARC tendrán tres portavoces en el Senado y otros tres en la Cámara de Representantes para participar "exclusivamente" en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.
También sobre la participación política, se establece que los guerrilleros que reciban la amnistía podrán ser elegibles para cargos públicos, un pacto muy cuestionado por varios sectores que hablan de impunidad.
3. FINANCIACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Según el Gobierno Nacional y las FARC, las víctimas suponen el eje central de este acuerdo.
En La Habana, las FARC ya reconocieron que ellos fueron en parte responsables de las atrocidades cometidas contra la población civil durante el conflicto armado, por lo que se comprometieron a pedir perdón y contribuir en la reparación de las víctimas.
A pesar de esto, el acuerdo no establece si esta contribución es únicamente simbólica o también material. Al respecto, detractores de lo pactado en la isla alegan que los gastos de la reparación correrán en su totalidad por parte del Estado y la población, entre la cual se encuentran las propias víctimas.
4. REMUNERACIÓN A LOS GUERRILLEROS DESMOVILIZADOS
Por último, ambas partes han establecido que los guerrilleros que se desmovilicen recibirán el 90 por ciento del salario mínimo durante 24 meses, ayudándoles así a integrarse en la sociedad.
Al igual que en el caso tratado en el punto anterior, según las críticas del senador del Centro Democrático Alfredo Rangel, "las víctimas pagarán diez millones a cada terrorista desmovilizado, más un salario mínimo durante dos años".
En relación a esta polémica, el negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) e integrante de la mesa con las FARC, Frank Pearl, justificó la medida diciendo que "Colombia tiene una gran experiencia en materia de reintegración, por lo que lo acordado es que los desmovilizados van a recibir apoyo psicosocial y terminar la ruta educativa".
Sobre los gastos que generarán estos guerrilleros, Pearl comparó ese coste con el que por año representa una persona en la cárcel, sumado al nivel de reincidencia de quien sale de prisión. "Acá se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades en el mercado laboral", señaló Pearl, un argumento que parece no convecer a los partidarios del 'no'.