La jefa de DDHH de la ONU advierte de que los abusos cometidos en Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur podrían ser crímenes contra la Humanidad
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unos 1.300 civiles han muerto en los últimos ocho meses como resultado de la violencia entre grupos armados y las fuerzas de seguridad en la que está inmerso principalmente el este de República Democrática del Congo (RDC), según ha denunciado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ha advertido de que algunos de los abusos cometidos podrían constituir crímenes de guerra o contra la Humanidad.
"Estoy horrorizada por el aumento en el número de ataques brutales contra civiles inocentes por parte de grupos armados y por la reacción del Ejército y las fuerzas de seguridad, que también han cometido graves violaciones, incluidos asesinatos y violencia sexual", ha señalado Bachelet.
Según la jefa de Derechos Humanos de la ONU, "no son solo actos criminales y reprensibles, sino que también quiebran la confianza entre la población y los representantes del Estado, tanto políticos como de seguridad".
En la provincia de Ituri, la violencia se ha propagado a nuevas áreas en estos meses a medida que los grupos armados se han multiplicado. Según la oficina de Bachelet, el principal grupo sigue siendo CODECO, intregrado principalmente por miembros de la comunidad lendu y que se ha escindido a raíz de que su líder, Ngudjolo Duduko Justin, fuera abatido el 25 de marzo.
CODECO y otros combatientes lendu han mantenido una estrategia de matanza de residentes locales, principalmente hema, pero también alur, desde 2017, con el fin de controlar los recursos en la región, tal y como ha venido documentando la ONU. En los últimos tiempos, otros grupos como ndo okebo, nyali y mambisa, también se han visto atrapados en la violencia.
Hasta ahora, ha resaltado Bachelet, "las comunidades atacadas se han contenido para no responder". Sin embargo, ha advertido, "a falta de protección adecuada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, existe un grave riesgo de que estas comunidades se sientan obligadas a formar grupos de autodefensa, lo que con toda probabilidad exacerbaría una situación ya de por sí mala".
De acuerdo con el último informe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, al menos 531 civiles han muerto a manos de grupos armados, 375 de ellos desde marzo, mientras que las fuerzas congoleñas habrían matado a 17 civiles. Los ataques incluyen decapitaciones y mutilaciones de cadáveres así como violencia sexual.
MÁS DE 500 MUERTOS EN KIVU NORTE
En el caso de Kivu Norte, el lanzamiento en noviembre por parte de las fuerzas de seguridad de una operación militar desencadenó ataques de represalia contra los civiles por parte del principal grupo armado, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). Hasta el 31 de mayo, había matado a 514 civiles usando machetes, hachas y armamento pesado, secuestrado a niños y atacado escuelas y hospitales. Además, las ADF están detrás de la muerte de 77 civiles en el vecino Ituri.
Por su parte, el Ejército congoleño, la FARDC, habría matado a 59 civiles y la Policía a otros 24. Como resultado de la violencia, más de 400.000 personas se han visto desplazadas. Al igual que en Ituri, según la oficina de Bachelet, existe el riesgo de que los grupos de autodefensa mayi-mayi florezcan, con los civiles una vez más atrapados en el medio.
En este sentido, Bachelet ha pedido a las autoridades congoleñas que "hagan todo lo posible para establecer la autoridad del Estado en ambas áreas de conflicto, introduciendo y ampliando la presencia de las fuerzas de seguridad, y garantizando que las mismas protegen a los civiles en lugar de tomarla con ellos".
"La naturaleza generalizada y sistemática de algunos de los ataques contra civiles tanto en Ituri como en Kivu Norte podría constituir crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra", ha advertido al expresidenta chilena.
VIOLENCIA ÉTNICA EN KIVU SUR
Por lo que se refiere a Kivu Sur, al menos 74 personas han sido asesinadas desde octubre y al menos 36 mujeres y niños han sido violados como resultado de un rebrote de la violencia de carácter étnico entre los banyamulenge y los bafuliro, babembe y los banyindu. Además, más de 110.000 personas se han visto desplazadas. Aquí, las fuerzas gubernamentales estarían detrás de la muerte de al menos 15 civiles y de violencia sexual contra 13 mujeres.
A esto se suma la violencia y los asesinatos registrados en Kongo Central y Kinshasa donde, entre el 30 de marzo y el 24 de abril, al menos 62 civiles fueron asesinados y otros 74 resultaron heridos en siete operaciones de la Policía y el Ejército contra milicianos del grupo político-religioso Bundu Dia Kongo (BDK).
"Las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad establecen un claro equilibrio entre la amenaza y la respuesta", ha sostenido Bachelet.
"Incluso durante el estado de emergencia, el uso de la fuerza debería ser siempre excepcional y basado en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", ha recordado, insistiendo en que "las fuerzas de seguridad solo deberían emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y la fuerza letal solo puede emplearse cuando existe un riesgo inminente para la vida".
Por último, la jefa de Derechos Humanos ha instado a las autoridades a "adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de tales graves violaciones" y ha defendido que las investigaciones que se lleven a cabo deben ser creíbles, transparentes e independientes.