SANTO DOMINGO, 1 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno de República Dominicana hace frente a una creciente presión internacional contra una decisión judicial que retiró la ciudadanía a cientos de miles de personas y que amenaza con dañar la reputación del país.
La mayoría de los afectados por la decisión del tribunal son descendientes de inmigrantes haitianos que viajaron al país para buscar trabajo. En base al fallo judicial, éstas personas han perdido sus derechos básicos, entre ellos el derecho a votar, y hacen frente a trabas para acceder a los servicios básicos.
Por ello, una red de 25 ONG ha enviado una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para pedirle que use "todos los puntos presión disponibles" para presionar al Gobierno y conseguir que anule el fallo.
"Planeamos continuar incrementando nuestra presión sobre el Gobierno con manifestaciones y protestas. Pedimos a todos que defiendan sus derechos, son dominicanos", ha dicho el portavoz del grupo Dominicanos por Derecho, Manuel Robles. La formación encabeza la campaña contra la decisión del tribunal.
En respuesta, el Ministerio de Tursumo ha pedido a todas sus legaciones diplomáticas en el extranjero que se preparen para "aclarar" la posición del país sobre el fallo, que, por el momento, parece haber sepultado las oportunidades de Santo Domingo de ser miembro pleno de la Comunidad Caribeña, integrada por 15 países y centrada en la integración económica de la región.