Por Luis Jaime Acosta
BOGOTA (Reuters/EP) - El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Philip Alston, inició el lunes una visita a Colombia para investigar denuncias sobre asesinatos cometidos por efectivos del Ejército y vigilar las investigaciones.
En su primera jornada de una visita de 10 días, el funcionario se reunió en la sede del Congreso con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que colocaron fotografías en sepia de sus seres queridos.
El Ejército colombiano enfrenta un escándalo que involucra a más de 400 de sus integrantes por ejecuciones de cientos de civiles, la mayoría jóvenes presentados como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combates.
De acuerdo con estadísticas oficiales, la Fiscalía General de la Nación investiga 1.009 casos con 1.666 víctimas.
Amnistía Internacional denunció en su último informe que en los 12 meses previos a julio del 2008 se registraron 296 ejecuciones extrajudiciales.
El escándalo provocó a finales de octubre la destitución de 27 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, y una semana después de la renuncia del entonces comandante de esa fuerza, general Mario Montoya.
Alston dijo que sostendrá reuniones con altos funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso, magistrados del poder judicial, víctimas, familiares de víctimas, testigos de asesinatos y con organizaciones de la sociedad civil.
"Quiero recalcar que yo no me ocuparé principalmente en cuestiones como los falsos positivos, mi mandato va más allá, me ocuparé de todas las ejecuciones de las fuerzas de seguridad y también me interesan las ejecuciones perpetradas por otros grupos de la sociedad que han quedado impunes", explicó.
PREOCUPACION POR IMPACTO
Un comunicado de la ONU aseguró que el relator fue encargado por el Consejo de Derechos Humanos de investigar y presentar informes referentes a denuncias de ejecuciones arbitrarias y sus causas. Además, indagará e informará sobre si se han tomado medidas legales efectivas para investigar y castigar a los responsables de las mismas.
El escándalo por ejecuciones ha desatado preocupaciones sobre un posible impacto en la ayuda militar que otorga Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
Astrid Sanabria, quien denunció el asesinato de su esposo a manos del Ejército en el departamento del Casanare, pidió que cese la persecución en su contra por buscar la verdad y la justicia.
"Lo reportaron como guerrillero dado de baja en combate, le colocaron un arma y un morral con documentos de las FARC", dijo al recordar la muerte de su esposo Isidro Mendosa, hace 15 meses, un crimen que dejó huérfanas a sus tres hijas.
El presidente Alvaro Uribe asumió el cargo el 7 de agosto del 2002, después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia, y fue reelegido por otros cuatro años en el 2006.
El mandatario aumentó el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, el presupuesto militar y ordenó pagar recompensas a informantes.
La ofensiva obligó a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras se redujeron los asesinatos, masacres, secuestros y ataques con explosivos.
Pero de acuerdo con analistas y grupos de derechos humanos la presión de Uribe a los comandantes de las Fuerzas Armadas para obtener resultados en la ofensiva contra la guerrilla contribuyó al aumento de violaciones a los derechos humanos.