BOGOTÁ, 31 Mar. (Notimérica) -
El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, aseguró este miércoles que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entraría a la Justicia Especial de Paz que se acordó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba.
"La idea de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es aplicarla a todos lo que hayan formado acuerdo de paz con el Gobierno", señaló, en declaraciones recogidas por Colprensa.
Una de las principales dudas en la actualidad es qué ocurrirá con las imputaciones anunciadas contra la cúpula del ELN. Al respecto, Reyes aseguró que las investigaciones, como sucede con las de las FARC, seguirán adelantándose hasta que el proceso termine.
"El proceso hasta ahora se está anunciando que va a comenzar. Todo lo que van a ser los detalles y la evolución de las conversaciones se irá viendo por el camino", agregó.
Reyes aprovechó la ocasión para hacer frente a las críticas del procurador, Alejandro Ordóñez, quien aseguró que con el inicio de las negociaciones se está legitimando el secuestro, haciendo referencia al pago realizado por la familia del funcionario Ramón Cabrales para su liberación.
"Evidentemente se va hacer un proceso de paz con una organización al margen de la ley, de lo contrario no tendría sentido un proceso de paz", afirmó, al tiempo que señaló que una persona que paga por una liberación no estaría sujeta a consecuencias penales.
LAS CLAVES DE LA JUSTICIA ESPECIAL DE PAZ
Sobre la Justicia Especial de Paz que se aplicaría al ELN, se acordó el pasado 2015 entre en Gobierno Nacional y las FARC con el pacto de 'Creación de una jurisdicción especial para la paz', consistente en diez puntos necesarios para establecer las medidas de Justicia que podrían ser aplicadas a los guerrilleros que abandonen las armas, además de las compensaciones para las víctimas.
Así, sus objetivos, de acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, se podrían resumir en ocho puntos.
En primer lugar, la creación de la JEP, que ejerce funciones judiciales y, si se mantiene lo acordado con las FARC, tendrá las siguientes misiones: "satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad, así como otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y contribuir al logro de una paz estable y duradera".
En cuanto a sus competencias, será aplicable a "todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado".
La composición de este órgano, de desarrollarse como en las FARC, contaría con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz compuesto, "mayoritariamente", por ciudadanos colombianos.
En esta línea, sus funciones serían cinco: "juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos"; "proferir sentencias fundadas en las conductas reconocidas, una vez contrastadas con las investigaciones adelantadas" por las instituciones competentes; desarrollar un juicio contradictorio para quienes no reconozcan su responsabilidad y, por último, "fijar y verificar las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción".
En el caso de las FARC, la primera condición era que dejaran las armas y se reincorporasen a la vida civil, un punto que se mantendría en las negociaciones con el ELN.
Así, sólo podrían acceder al mejor tratamiento especial de Justicia "quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana".
El séptimo de los puntos del acuerdo de Justicia establece que la JEP deberá concentrarse desde un inicio en los casos "más graves y representativos", para lo cual fijaría criterios de priorización y selección, como sucedería con el ELN.
En último lugar, el mencionado órgano formaría parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición que, según el presidente Juan Manuel Santos, estará presente en el posible y futuro acuerdo entre la segunda guerrilla más importante de Colombia y el Gobierno Nacional.