MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia de rusia ha anunciado este miércoles que ha incluido a la Fundación Anticorrupción, encabezada por el líder opositor Alexei Navalni, en su lista de "agentes extranjeros", lo que implica que la organización será sometida a auditorías financieras y tendrá que informar al Gobierno sobre sus actividades, ha informado el diario 'The Moscow Times.
La llamada ley de Agentes Extranjeros, que entró en vigor en Rusia en 2012, obliga a las organizaciones que el Gobierno encuadra en esta categoría a someterse a auditorías financieras y a informar sobre sus actividades a las autoridades rusas. Los grupos de activistas han denunciado en reiteradas ocasiones que esta norma permite en realidad que el Gobierno persiga a las organizaciones que denuncian abusos de Derechos Humanos cometidos por las autoridades rusas.
El Ministerio de Justicia ruso se ha limitado a señalar que ha incorporado a la Fundación Anticorrupción de Navalni a su lista de "agentes extranjeros" pero no ha detallado los motivos que le han llevado a adoptar esta decisión.
En agosto, las autoridades rusas pusieron en marcha una investigación sobre la Fundación Anticorrupción por un caso de supuesto blanqueo de 1.000 millones de rublos (14 millones de euros), unas pesquisas que comenzaron en medio de las protestas opositoras en Moscú impulsadas por aliados de Navalni.
La Fundación Anticorrupción de Navalni ha denunciado con una serie de vídeos sus investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en la élite gobernante rusa. En el marco de la investigación abierta en agosto, las autoridades rusas congelaron las cuentas bancarias vinculadas con Navalni, que mantiene que las pesquisas son parte de una persecución por motivos políticos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está estudiando varios casos en los que decenas de organizaciones no gubernamentales rusas que han sido catalogadas por Moscú como agentes extranjeros, incluido el grupo de defensa de los Derechos Humanos Memorial, denuncian que la norma que se les aplica viola los derechos civiles a la libertad de expresión y a la libertad de reunión.