Guterres sigue buscando un enviado más de año y medio después de la dimisión de Koehler
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La descolonización del Sáhara Occidental sigue pendiente en la agenda de la ONU. La renovación del mandato de la misión internacional (MINURSO) vuelve a poner sobre la mesa el estancamiento de una disputa en la que las partes llevan décadas sin mover posiciones y en la que Naciones Unidas parece cada vez menos implicada, sin enviado especial desde que en mayo de 2019 dimitiese Horst Koehler.
La MINURSO se estableció en 1991 como instrumento de vigilancia para el alto el fuego entre las fuerzas de Marruecos y las del Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Su objetivo último, contemplado incluso en el nombre de la misión, era la celebración de un referéndum que permitiese resolver la disputa territorial.
Casi tres décadas después, sin embargo, la situación sigue prácticamente igual. Durante la etapa de Koehler como enviado especial, se efectuó un tímido intento de acercar de nuevo a las partes, con dos reuniones en Ginebra --en diciembre de 2018 y marzo de 2020-- en las que de nuevo quedó en evidencia que Rabat no contempla más que una autonomía limitada y el Polisario no desiste en su reivindicación de la plena independencia.
El expresidente alemán dimitió en mayo de 2019 y, con esta salida, atribuida a razones de salud, se aparcó esta inédita iniciativa de acercamiento, que contó con Argelia y Mauritania como observadores. Durante este último año se han sucedido las especulaciones en torno al nombre del sucesor de Koehler, pero desde la oficina de quien debe nombrarlo, el secretario general de la ONU, António Guterres, guardan silencio.
El principal portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha confirmado a Europa Press que la búsqueda sigue su curso, sin dar plazos. "La MINURSO sigue cumpliendo su mandato bajo el liderazgo del representante especial del secretario general, Colin Stewart", jefe de la misión, ha precisado.
El propio Guterres dice en su informe más reciente sobre el Sáhada Occidental, publicado a principios de octubre, que está "comprometido con la designación de un nuevo enviado personal para avanzar sobre el progreso alcanzado". En dicho texto se declara "convencido" de que es "posible" llegar a una "solución" a pesar de "la pausa en el proceso político" derivada de la dimisión de Koehler.
"Insto a todos los miembros del Consejo de Seguridad (de la ONU), amigos del Sáhara Occidental y otros actores relevantes a alentar a Marruecos y al Frente Polisario a comprometerse de buena fe y sin condiciones previas en el proceso político en cuanto sea designado mi nuevo enviado personal", añade.
RENOVACIÓN DEL MANDATO
Este llamamiento también quedó reflejado en el texto aprobado hace un año por el Consejo de Seguridad y que planteó la renovación por un año del mandato de la MINURSO. En dicha resolución, se alentaba igualmente la "reanudación de las consultas" para lograr "una solución política justa, duradera y aceptada por las dos partes".
Un año después, este 28 de octubre el principal órgano ejecutivo de Naciones Unidas vuelve a tener sobre la mesa la prórroga de la MINURSO, lo que ha derivado en los últimos días en protestas para llamar la atención sobre la falta de avances sobre el terreno. Grupos saharauis han protagonizado varias movilizaciones, principalmente en el paso fronterizo de Guerguerat, que conecta con Mauritania.
El presidente de la RASD, Brahim Gali, precisamente ha remitido una carta a Guterres para pedirle que se abstenga de enviar a la MINURSO a Guerguerat para facilitar el tráfico de personas y mercancías, recodando que su labor no es la de ser una "policía de tráfico" en un paso que el Polisario cataloga de "ilegal".
"La MINURSO se desplegó en el Sáhara Occidental en 1991 para celebrar un referéndum libre y justo para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y para aplicar, con ese fin, todas las demás tareas relacionadas, incluida la supervisión del alto el fuego", ha advertido Gali en su misiva.
El líder del Polisario ha defendido que el movimiento hace "todo lo posible" para "calmar la situación", en medio de los "crecientes y legítimos sentimientos de ira y descontento del pueblo saharaui ante el incumplimiento de la MINURSO a sus obligaciones después de 29 años de su despliegue". No obstante, ha apuntado que "nadie debe esperar del Frente Polisario que impida a los ciudadanos saharauis ejercer sus derechos legítimos de manifestarse pacíficamente y oponerse a la ocupación marroquí".
El Polisario tiene como principal valedor regional a Argelia, país que acoge a unos 140.000 refugiados en los campamentos de Tinduf, mientras que Marruecos ha esquivado cualquier tipo de presión para seguir ciñéndose a su plan de autonomía, según el cual el hipotético referéndum nunca incluiría entre sus opciones la independencia de la antigua colonia española.
DERECHOS HUMANOS
Uno de los debates recurrentes con cada renovación de la MINURSO gira en torno al alcance del papel que debe desempeñar el contingente, ya que periódicamente surgen voces que piden que vigile también el respeto a los Derechos Humanos --Marruecos siempre se ha opuesto a esta opción y ha utilizado a Francia en el Consejo de Seguridad para frenarla--.
La subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el norte de África, Amna Guellali, ha subrayado en un comunicado que en los más de 40 años de disputa territorial, tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario "han cometido graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos de forma reiterada".
Por este motivo, ve necesario que el Consejo de Seguridad "refuerce la presencia de las fuerzas de paz" añadiendo un componente más a su mandato. Guellali ha apuntado que este "mecanismo independiente e imparcial" permitiría "al menos" que "la misión no mirase hacia otro lado" por los abusos que se estarían cometiendo en distintas zonas, también en los campos de Tinduf.
Amnistía Internacional ha denunciado que tanto las autoridades de Marruecos como el Frente Polisario han restringido la actividad y la información sobre posibles violaciones de los Derechos Humanos, lo que se habría traducido en última instancia en impunidad por ambas partes.