Advierten de las consecuencias humanitarias sin precedentes que está teniendo la creciente inseguridad en la región
MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las agencias de la ONU y ONG que trabajan en el Sahel han hecho un llamamiento a mejorar el acceso a la población necesitada de asistencia en estos países, así como a una mejor distinción entre lo humanitario y lo militar para facilitar su trabajo, además de reclamar que se investiguen todos los abusos cometidos no solo por los grupos armados sino también por las fuerzas de seguridad, voluntarios y grupos de autodefensa.
En una declaración conjunta con motivo de la celebración de la cumbre del G5 Sahel --Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger-- en Nuakchot, a la que han acudido también los presidentes de Francia y España, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, han animado a los asistentes a "encontrar soluciones duraderas a la crisis de desarrollo, humanitaria y de seguridad" que atraviesa la región.
La seguridad "se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses" lo cual ha tenido "consecuencias humanitarias sin precedentes" entre la población, con millones de desplazados, ha subrayado entre otros el PMA, UNICEF o la OIM, así como Oxfam y Acción contra el Hambre (ACH).
En particular, han expresado su preocupación por "las informaciones de supuestas ejecuciones extrajudiciales, reclutamientos forzosos --incluidos niños--, secuestros y tomas de rehenes, violaciones, así como por una creciente estigmatización y discriminación hacia ciertos grupos sospechosos de estar relacionados con los grupos armados", en referencia a los peul.
Por ello, han pedido que "se ponga la protección de los civiles en el corazón de las operaciones militares en la región", en la que además de las fuerzas nacionales de Burkina Faso, Malí y Níger opera la fuerza conjunta del G5 Sahel, así como la Misión de la ONU en Malí (MINUSMA) y la 'operación Barkhane' de Francia. "Es esencial que esta estrategia mantenga la distinción entre las respuestas militar y humanitaria", han defendido.
ACCESO HUMANITARIO
En este sentido, han reclamado también "acceso humanitario sin restricciones" tanto a los desplazados, como a las comunidades de acogida y a la población civil en su conjunto y que se desarrollen "directrices civiles y militares" con el fin de "garantizar una distinción clara de mandatos y papeles entre las fuerzas de seguridad y defensa y los actores humanitarios".
"El principio de que las escoltas armadas solo podrían usarse como 'último recurso' debería quedar explícitamente reconocido para garantizar la máxima neutralidad de los actores en las zonas de conflicto", han defendido los firmantes de la declaración conjunta. Así, han prevenido de que una militarización de la asistencia humanitaria en el marco de la COVID-19 podría contribuir a deteriorar "la percepción de neutralidad e imparcialidad de los actores humanitarios y su aceptación por las comunidades".
Por otra parte, han pedido a los países del G5 Sahel que "condenen las violaciones de Derechos Humanos y adopten medidas permanentes para investigar los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, los grupos de autodefensa y los elementos de grupos armados, para fortalecer el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia a los civiles".
Igualmente, han defendido la necesidad de invertir en servicios básicos como salud, educación y agua y saneamiento, incidiendo en que en el este de Malí, el norte de Burkina Faso y el oeste de Níger el acceso es "limitado debido a la falta de inversión crónica".
SERVICIOS BÁSICOS Y VUELTA DEL ESTADO
"El acceso limitado a servicios sociales básicos, la falta de oportunidades socioeconómicas para la mayoría de la población, incluidos los jóvenes, y las vulnerabilidades crónicas son factores que están agravando aún más la situación en la región", han incidido, alertando de que además está en juego el perder "los progresos hechos en los últimos años".
En esta misma línea, han reclamado que se garantice "el restablecimiento de la presencia de la autoridad del Estado, los servicios sociales básicos y el Estado de Derecho, previniendo con ello y combatiendo las violaciones y los repetidos ataques contra la seguridad, la dignidad y los derechos de los civiles".
Las agencias de la ONU y las ONG, entre las que también figuran Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados, han apostado por "promover la desmovilización y la reinserción de personas asociadas con grupos armados" y por "alentar una solución política basada en la cohesión social, la reconciliación y una gobernanza local responsable".