Formaliza las órdenes de búsqueda dictadas contra los 13 implicados a los que ha podido notificar su procesamiento
MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a citar el próximo 14 de septiembre a siete de los veinte militares salvadoreños a los que relaciona con los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría y otras siete personas en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ya que hasta el momento no ha podido localizarles para notificarles su procesamiento por estos hechos.
Por otra parte, la Audiencia Nacional ya ha formalizado las órdenes de busca y captura de otros 13 presuntos implicados en la matanza, puesto que no han acudido a la declaración indagatoria para la que habían sido citados pese a ser notificados de su acusación formal por este asunto, han informado fuentes de este órgano.
Los órdenes obran ya en poder de Interpol y en caso de que se produzcan las detenciones el magistrado dictará la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los implicados, según lo señaló el propio juez Velasco en el auto de procesamiento que dictó el pasado 30 de mayo.
Las mismas fuentes han señalado que hace unos días se personó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 un abogado diciendo representar a la mayor parte de estos militares. Allí se le informó que para poder personarse en estas actuaciones deben desplazarse hasta el juzgado y señalarlo formalmente los propios representados.
A los 20 militares citados en el auto de procesamiento de Velasco se les ha impuesto una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio. Ninguno de ellos ha depositado cantidad alguna hasta el momento.
Entre los procesados está el ex ministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios, por ocho asesinatos terroristas y el delito de lesa humanidad o contra el derecho de gente. Además, están procesados en esta causa el que fuera jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzálo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
"DESARMADOS Y EN PIJAMA"
La resolución judicial de Velasco detalla que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina 'La Tandona' y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".
El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina", según apuntaba el juez en su resolución.