MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha advertido este miércoles de que podría aplicar su derecho a veto a la Ley de Reconciliación Nacional, que previsiblemente aprobará la Asamblea Legislativa, pues una norma de este tipo "no puede ser una ley de amnistía disfrazada".
"Una verdadera ley de reconciliación no puede ser una ley de amnistía disfrazada. La Asamblea debe legislar, respetando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y cumplir con los convenios internacionales firmados por nuestro país", ha expresado el presidente salvadoreño a través de Twitter.
La advertencia de Bukele coincide con la opinión de las asociaciones de víctimas de la guerra civil que se produjo en El Salvador entra 1980 y 1992 y en la que se registraron al menos unos 75.000 muertos y desaparecidos a manos de los conocidos como 'escuadrones de la muerte'.
"¡Veto!", ha exclamado Bukele a través de su cuenta de Twitter para responder al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien había convocado una sesión extraordinaria para aprobar dicho proyecto, calificado por sus detractores como una "amnistía de facto para criminales de guerra".
"No puede haber una ley perfecta", ha comentado Ponce en varias ocasiones sobre una norma diseñada íntegramente por juristas sin llevar a cabo consultas con otros sectores de la sociedad civil, como organizaciones de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas.
"La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: verdad, reparación y justicia", ha insistido Bukele.
Una de las mayores críticas que se le ha hecho al proyecto es la redacción del artículo 66, por el cual los autores materiales e intelectuales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad podrían reducir su condena en hasta un 20 por ciento en caso de confesión o colaboración con las autoridades, tal y como ha informado el diario salvadoreño 'El Mundo'.
Ponce ha explicado que este artículo ha sido corregido, los acusados tendrán que cumplir una cuarta parte de la condena, al igual que otros tantos que habían provocado las quejas de las asociaciones de víctimas, como la ampliación de seis meses a un año del plazo que tiene la Fiscalía para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña.