SAN SALVADOR, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un contingente militar formado por 2.500 soldados se sumó este viernes a los efectivos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) con el objetivo de aumentar la seguridad y el control en las calles del país, en cumplimiento de la orden emitida el pasado martes por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, de hacer partícipe al Ejército en la lucha contra la delincuencia.
Este nuevo grupo se añade a los 1.400 militares que ya velan por la seguridad en 19 municipios del país, aunando esfuerzos con la labor de la PNC que se ha declarado "rebasada" por la violencia y los 12 asesinatos diarios que ésta genera. Sin embargo se trata de un uso excepcional del Ejército que solo estará vigente 180 días, tras los cuales Funes deberá presentar un informe a la Asamblea Legislativa.
El mandatario explicó que los soldados que participen en tareas de seguridad pública patrullarán con sus armas reglamentarias, para utilizarlas en caso de que sea necesario, porque "no tiene sentido portar un arma que no se va a utilizar en defensa propia", defendió Funes.
El director general de la Policía, Carlos Ascencio, no concretó los términos en los que ambas instituciones trabajarán para frenar la delincuencia, aunque sí explicó que los nuevos efectivos se destinarán a los puntos más conflictivos y violentos del país.
"Nosotros hemos solicitado la cooperación de la Fuerza Armada para que nos apoye con presencia en lugares que nos interesan porque es ahí donde registramos mayor movimiento de actividad delictiva", reveló Ascencio.
El jefe policial asegura que las zonas donde tendrá presencia el Ejército son aquellas que han sido identificadas como "refugios, de corredores, de lugares que han sido utilizados por estructuras criminales para ir a dejar personas o asesinarlas", aclaró
"Estas zonas son lugares importantes, bien claves que los hemos cuidadosamente establecidos para hacer un despliegue que nos reporte resultados", dijo Ascencio que se excusó ante la prensa por no poder dar más detalles de la operación que inicia desde este viernes en cinco departamentos del país.
Por su parte, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, no quiso apotar más detalles sobre la cooperación de las fuerzas de segurdad civiles y militares para no poner en peligro la operación. "Ya di toda la información, a partir de este momento cualquier información que dé pudiera comprometer la misión que vamos a realizar", dijo.
La decisión de Funes surge dos días después de que la Policía diera a conocer las cifras de asesinatos en el mes de octubre, cuando se registraron un total de 430 homicidios que determinana una media diaria de 14 crímenes. En lo que va de año se han cometido 3.673 asesinatos, de los cuales un 86,6 por ciento son hombres, según informó el jefe de la División Antihomicidios (DIHO), Marco Tulio Lima.
CRÍTICAS AL DESPLIEGUE MILITAR
Instituciones, como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), han calificado la medida de "aislada y fuera de un plan integral", algo que suscribe el coronel y diputado Antonio Almendáriz, quien considera que sacar más soldados a las calles no bajará la delincuencia sino que causará frustración en la población.
Funes justificó la medida argumentando que hay territorios enteros controlados por pandillas, por lo que "la presencia disuasiva de elementos combinados de la Policía con el Ejército puede contribuir a reducir los niveles de criminalidad en estas zonas", dijo el manadatario, al tiempo que rechazó revelar las regiones exactas donde se ubicarán los militares, según informó el diario local 'La Prensa Gráfica'.
En defensa de este despliegue Funes esgrimió que se trata de una herramienta que brinda la Constitución salvadoreña, al permitir de forma excepcional que el Ejército asuma funciones de seguridad, "si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública".