25 de agosto de 2015

El Salvador declara grupos terroristas a las principales maras

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha declarado grupos terroristas a las principales maras --Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y MS-13-- en medio del repunte de la violencia en el país centroamericano.

   El alto tribunal ha mencionado específicamente a estas maras pero ha aclarado que la denominación de "grupo terrorista" incluye a "cualquier otra organización criminal que busque arrogarse potestades del Estado, atemorizando, arriesgando o perjudicando derechos de la población".

   Además, el Supremo ha calificado de "terroristas" a los miembros de estas pandillas callejeras, así como a cualquier colaborador, "independientemente que tales grupos tengan fines políticos, criminales o económicos".

   La sentencia es una respuesta a cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT) por su ambigüedad a la hora de definir el concepto de terrorismo.

   La LECAT entiende por terrorismo "los delitos que evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar a la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa importancia, el sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional".

   La Sala de lo Constitucional ha matizado que por terrorismo debe entenderse el ejercicio de la violencia "para intimidar de forma general a la población, controlar territorios, compeler a las autoridades a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole" y afectar al sistema económico y democrático.

MENSAJE AL GOBIERNO

   Por otro lado, la CSJ ha aclarado que, "desde las bases del Estado Constitucional de Derecho" es inadmisible el uso de "mecanismos parajurídicos que impliquen negociaciones con el crimen", aunque sea con el fin de reducir la violencia.

   También ha apuntado que el Estado tiene la obligación de combatir el terrorismo, pero siempre respetando la legalidad vigente y "por medios estrictamente legítimos, jurídicos y controlables".

   El alto tribunal ha recalcado asimismo la diferencia entre cualquier forma de manifestación con un fin "netamente reivindicativo de sus derechos ante el Estado", de los actos terroristas, según ha informado el diario salvadoreño 'El Mundo'.

DIÁLOGO FRUSTRADO

   Las maras accedieron a declarar un alto el fuego temporal en 2012 gracias a la mediación de organizaciones sociales y a la Iglesia Católica, en un acuerdo que, sin embargo, no contó siquiera con el respaldo del entonces Gobierno de Mauricio Funes.

   La tregua entre maras consiguió reducir la violencia en El Salvador a mínimos históricos en apenas año y medio. Los homicidios diarios --principal indicador de la inseguridad ciudadana-- pasaron de una media de 15 a cinco.

   Sin embargo, en abril las maras decidieron poner fin al cese de las hostilidades exigiendo la implicación del Gobierno en un acuerdo de paz que incluya, entre otras cosas, beneficios penitenciarios para las pandillas.

   El Ejecutivo de Sánchez Cerén, al igual que su antecesor en el cargo, se ha negado a negociar con las organizaciones criminales y éstas, para aumentar la presión, han iniciado una escalada de violencia sin precedentes.