MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez Jorge Guzmán, que se encuentra el frente del caso de la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 y en la que murieron casi un millar de civiles, ha dado este viernes un plazo de cinco días al presidente del país, Nayib Bukele, para entregar los archivos del Ejército que supuestamente han sido desclasificados.
En una resolución, Guzmán ha señalado que ya han pasado 26 días desde que el mandatario anunció que entregaría los archivos extraídos de las Fuerzas Armadas, los cuales no han sido aún remitidos al juez.
El pasado 24 de septiembre, Bukele ordenó la búsqueda de los archivos en cuestión, de los que dijo haber encontrado unos cuantos. Tal y como aseguró entonces, el resto fueron destruidos.
En un mensaje televisado, Bukele mostró cinco cajas marcadas con años comprendidos entre 2015 y 2020, según informaciones del diario salvadoreño 'El Mundo'. Sin embargo, el juez ha advertido este mismo viernes de que la sustracción de los archivos estaba prohibida en un inicio.
Así, ha especificado que Bukele "habría mostrado desconocimiento" sobre varios asuntos. El propio Guzmán pudo finalmente a mediados de octubre ingresar finalmente a una instalación gubernamental para verificar si existe información relacionada con la matanza, después de que el Ejército de El Salvador bloqueara su acceso a estos archivos reiteradamente.
Guzmán acudió al Archivo General salvadoreño acompañado de fiscales, acusación particular y tres peritos forenses para recuperar información relacionada con la masacre. Efectivos militares llegaron a bloquear a Guzmán hasta en cuatro ocasiones, a pesar del pronunciamiento de la Corte Suprema del país, que concluyó que las inspecciones en archivos militares son legales y no perjudican a las Fuerzas Armadas.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.