MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La ONU ha pedido a las autoridades de El Salvador que acelere el proceso de justicia transicional para "dar una respuesta inmediata" a las víctimas del conflicto que entre 1980 y 1982, enfrentó a la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Ejército salvadoreño y que dejó alrededor de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
"Después de más de 30 años, las víctimas del conflicto armado en ese país aún no han recibido justicia", ha dicho un relator especial de la ONU quien además ha pedido una acción mucho "más decidida" para reparar a las víctimas.
"La violencia actual y el desgarro del tejido social son ejemplos fehacientes de que la sociedad no puede dirigirse a un futuro de paz y progreso sin abordar las dificultades pasadas y aprender de sus errores", ha asegurado Fabián Salvioli.
Asimismo ha explicado que las violaciones de los Derechos Humanos a las que tuvieron que enfrentarse las víctimas del conflicto, son "inaceptables" y que es incomprensible "el desamparo en el que se encuentran más de 30 años después".
"Si bien reconozco los pasos dados en el último decenio en materia de justicia transicional, aún queda mucho más por hacer, y debe hacerse ya", ha añadido.
Más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas durante el conflicto armado de 1980 a 1992, según recoge el informe de la Comisión de la Verdad realizado en 1993.
Fabián Salvioli considera que es "positiva" la creación de las dos comisiones de búsqueda de desaparecidos niños y adultos; así como la adopción de la política de investigación penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el conflicto armado, entre otras medidas.
Aún así, ha mostrado su preocupación ante "la lentitud de la Fiscalía General de la República en la investigación de las violaciones cometidas durante el conflicto o el obstáculo en el acceso a los archivos militares de los años del conflicto", entre otros asuntos.
Ante esta situación, ha instado al Gobierno del país a investigar de forma efectiva la verdad sobre las violaciones pasadas, a encontrar a las personas desaparecidas, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, generar un debate intersectorial e intergeneracional sobre los hechos del pasado, y al reconocimiento de una memoria histórica común a toda la sociedad salvadoreña.
"Los testimonios recibidos dieron cuenta de barbaries inimaginables perpetradas contra miles de niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres, y de un dolor que sigue presente como el primer día", ha indicado el relator especial. El informe final sobre esta visita se presentará al Consejo de Derechos Humanos en 2020.