BOGOTÁ, 3 May. (Reuters/EP) -
El Senado de Colombia ha decidido este jueves enviar al Tribunal Constitucional una ley para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC objetada por el presidente, Iván Duque, para que decida la legalidad de una votación que rechazó las modificaciones propuestas por el mandatario.
La decisión se adoptó después de que los senadores que se oponen a las objeciones presentadas por Duque a la Justicia Especial para la Paz (JEP) lograran 47 votos, mientras que quienes las apoyan consiguieran 34. El mandatario objetó en marzo ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley.
De acuerdo con las directivas del Senado, para lograr la mayoría calificada se necesitarían 48 votos, por lo que consideran que, al no lograrla, debería celebrarse una nueva votación.
No obstante, los legisladores defensores del acuerdo de paz y que se oponen a los cambios, se negaron a participar en una nueva votación con el argumento de que las objeciones fueron rechazadas con el resultado inicial, lo que ha desatado una polémica por diferentes interpretaciones jurídicas.
"No hubo mayoría calificada para hundir las objeciones, ahora como trámite pasa a la Corte Constitucional", ha señalado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. "Así es que estamos en las manos del Tribunal Constitucional y estamos seguros de que todo saldrá bien para el país", ha añadido.
La JEP es el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Cámara de Representantes rechazó en abril las objeciones que presentó Duque, en una votación que marcó una derrota del mandatario en el Congreso, quien no tiene una sólida mayoría para lograr la aprobación de las leyes de su agenda de gobierno ni para ajustar el acuerdo de paz, una de sus principales promesas de campaña.
Las objeciones del mandatario han enfurecido a los defensores del acuerdo de paz que alegan que los cambios provocarían dificultades para la implementación del acuerdo firmado en 2016 con el desmovilizado grupo rebelde y que serían un mal precedente para futuras negociaciones con otros grupos ilegales armados como la guerrilla del ELN.
Duque busca ajustar la JEP para obligar a los responsables de crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos a indemnizar a las víctimas, para evitar que los exlíderes rebeldes eludan la extradición y para que reciban condenas duras de cárcel por abusos sexuales.
La JEP contempla penas más blandas que la justicia ordinaria para quienes confiesen los crímenes cometidos en medio de la confrontación que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 combatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.