El Gobierno pide a la JEP retirarle el escaño
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El senador colombiano del partido de las FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) Carlos Antonio Lozada ha asegurado este miércoles que fue él mismo quien "ejecutó la orden de asesinar" al candidato a la Presidencia y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995.
El ahora político ha asegurado que la responsabilidad recae sobre la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN), algo que la Inteligencia colombiana ha sabido todo este tiempo y motivo por el cual dos guerrilleros de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron "torturados y desaparecidos".
"Es un hecho cuya responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante en ese momento", ha dicho el senador, también conocido como Julián Gallo, durante una entrevista con el diario 'El Espectador'.
Si bien ha reconocido que para él no ha sido fácil contarlo, ha señalado que está dispuesto a dar detalles de estos y otros hechos registrados en el marco del conflicto en Colombia, especialmente ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional creada a partir de los acuerdos de paz.
"La orden la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño (alias 'Mono Jojoy', que era el comandante a quien yo le atendía órdenes. Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño", ha explicado antes insistir en que en el asesinato de Gómez Hurtado "participaron exclusivamente guerrilleros urbanos de la RUAN.
Sobre la posible implicación de miembros del Ejército y las acusaciones de la familia de la víctima, que insiste en tildar el caso de un crimen de Estado, Lozada ha dicho que cerca del lugar de los hechos se estaba llevando a cabo una "operación secreta de Inteligencia", una coincidencia que habría llevado a tejer "interpretaciones" en un ambiente político "caldeado".
"Ellos se casaron con esas conclusiones y se dedicaron durante 25 años a probar esas conclusiones, invirtiendo el proceso de investigación", ha manifestado. Sin embargo, y sobre la falta de pruebas sobre la verdadera autoría del crimen, ha matizado que aún hay incógnitas después de 25 años.
"Cuatro o cinco días después del hecho detuvieron a una dirección de las milicias nuestras en Ciudad Bolívar y creo que obedeció al dispositivo que se generó en la ciudad para ubicar pistas, pero no encontraron nada, porque ellos no tuvieron que ver en este hecho", ha insistido respecto a la verdadera responsabilidad del asesinato.
En este sentido ha aclarado que entonces existían dos nieves "de estructuras". "Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez Hurtado fueron asesinados por la Policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención", ha sostenido.
Así ha detallado que la conocida como masacre de Mondoñedo "sirvió para desviar la investigación" del caso de Gómez Hurtado. A su vez, ha expresado que espera "obtener la verdad sobre quién ordenó la masacre" en cuestión. Dicha masacre se saldó con cuatro estudiantes --acusados por la Policía de formar parte de las FARC-- y dos agentes.
CONSECUENCIAS
Ante las posibles consecuencias que pueda acarrear sus declaraciones tanto para su escaño como senador como para el acuerdo de paz y la JEP, Lozada ha manifestado que espera que se "entienda" la situación. "Llegamos al Congreso producto del acuerdo de paz, como reconocimiento de nuestro alzamiento armado. Dejamos las armas a cambio de participación política. Por lo que no tendría sentido cuestionar el acuerdo", ha sentenciado.
No obstante, el Gobierno del presidente, Iván Duque, ha pedido inmediatamente que se retire el escaño a Lozada por la citada "confesión", según informaciones del diario 'El Tiempo'.
"El Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al Acuerdo de Paz, le solicita a la JEP que de acuerdo con lo consagrado en la Ley Estatutaria del mismo, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer", ha incidido Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.
Ceballos ha hecho hincapié en que la JEP debe señalar ahora si procede la restricción de libertades de movilidad y residencia tras haber "reconocido el crimen". Dichas restricciones se extenderían a Pablo Catatumbo, también legislador, que ha suscrito la carta en la que el partido FARC reconoce la autoría del asesinato.
Según Ceballos, también se debe establecer si el guerrillero que disparó está vivo y no muerto, como asegura Lozada.