MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido a Turquía de que puede ser penalmente "responsable" de los abusos que cometan los rebeldes sirios que apoyan su ofensiva militar en el noreste de Siria y le ha instado a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales.
La oficina de Michelle Bachelet verifica "cada día" las víctimas civiles que estaría dejando esta ofensiva, que comenzó el 9 de octubre por orden del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "El peor incidente" en suelo sirio habría tenido lugar el domingo en la carretera que conecta Tel Tamor con Ras al Ain y se cobró la vida de al menos cuatro civiles que viajaban en un convoy alcanzado por la aviación de Turquía.
Las autoridades turcas también han informado de la muerte de 18 civiles en su lado de la frontera, entre ellos un bebé de nueve meses, desde el inicio de los enfrentamientos, según un comunicado del portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville.
La ONU examina dos vídeos que supuestamente muestran ejecuciones extrajudiciales perpetradas por un el grupo armado Ahrar al Sharqiya, aliado de Turquía. Uno de ellos mostraría la muerte de tres prisioneros kurdos y en otro se aprecia la ejecución de una política kurda, en ambos casos en una carretera entre Hasaka y Manbij.
Colville ha recordado que tanto los civiles como los combatientes que ya no representan peligro, por ejemplo los que ya están capturados, están protegidos por el Derecho Internacional y las ejecuciones extrajudiciales "podrían equivaler a un crimen de guerra".
"Turquía podría ser considerada responsable por las violaciones cometidas por sus grupos armados afines, en la medida en que ejerza un control efectivo sobre estos grupos o sobre las operaciones en que tienen lugar estas violaciones", ha añadido el portavoz.
El Alto Comisionado recaba datos sobre los posibles abusos, pero ha instado a las autoridades turcas a adelantarse con una investigación "imparcial, transparente e independiente" de los dos incidentes señalados, así como a detener y juzgar a sus responsables, "fácilmente identificables" por los vídeos divulgados en redes sociales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos examina, además, ataques contra infraestructuras civiles como el servicio eléctrico, el suministro de agua o instalaciones médicas, que amenazan con llevar aún más al límite a la población residente en el noreste de Siria. La oficina de Bachelet tenía constancia hasta el lunes de cinco ataques contra instalaciones médicas.