La votación se celebrará en las zonas controladas por el Gobierno y sin candidatos opositores
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Siria celebrará este domingo unas elecciones parlamentarias que tendrán lugar únicamente en las zonas del país controladas por el Gobierno, tras más de nueve años de guerra y en medio de la pandemia de coronavirus y una creciente crisis económica que ha provocado nuevas protestas contra el presidente, Bashar al Assad.
Las elecciones estaban previstas para abril, si bien posteriormente fueron aplazadas a mayo y finalmente al 19 de julio a causa de la pandemia, y serán las terceras parlamentarias que se celebran en el país desde el estallido de la guerra en 2011, tras las de 2012 --posteriores a un referéndum constitucional-- y las de 2016.
En los comicios participarán más de 2.000 candidatos para disputarse los 250 escaños que componen la Asamblea Popular, si bien la ausencia de figuras opositoras permitirán en un principio al gubernamental Baaz ratificar su control del país. En estos momentos cuenta con 168 escaños, tras el boicot opositor a la última votación.
Sin embargo, en esta ocasión la población podrá acudir a las urnas en zonas en las que no pudo votar en 2016, debido a los avances militares obtenidos por las fuerzas gubernamentales desde entonces, especialmente gracias al apoyo prestado por Rusia, uno de los principales valedores de Damasco.
Así, en estos momentos están fuera del control gubernamental la mayoría de la provincia de Idlib y zonas de Alepo y Hama --en manos de rebeldes y yihadistas-- y el noreste del país, controlado por las fuerzas kurdas, que han establecido una administración paralela.
Los desplazados de estas zonas podrán acudir a votar en otros colegios electorales habilitados en el país para ellos, mientras que los millones de refugiados que han tenido que huir del país a causa de la guerra no podrán ejercer su derecho al voto.
De la votación de este domingo saldrá el Parlamento que se espera que apruebe la próxima Constitución, objeto de debate en estos momentos entre el Gobierno y la oposición, así como representantes de la sociedad civil, en un proceso mediado por Naciones Unidas que arrancó en octubre de 2019 y que aún no ha dado frutos.
Esta situación, así como su relevancia de cara a las presidenciales de 2021 por la posible limitación constitucional de los mandatos, ha provocado que en esta ocasión hayan quedado excluidos de las listas incluso los candidatos de la oposición autorizada por Damasco, que sí ha participado en otros procesos electorales.
De hecho, el 'think tank' Center for Global Policy publicó recientemente un artículo en el que el autor apuntaba a la presencia de empresarios que se han beneficiado del conflicto y antiguos milicianos progubernamentales entre las listas de candidatos, en un intento por su parte por entrar en política y cimentar la posición de Al Assad.
Así, entre los candidatos figuran personas cercanas al presidente e incluso afectadas por las sanciones internacionales, como es el caso del empresario Mohamed Hamsho, sobre el que pesan medidas punitivas a raíz de la 'Ley César', recientemente puesta en marcha por el Gobierno estadounidense.
AHONDAMIENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA
Los avances militares del Ejército y el alto el fuego pactado en marzo por Turquía y Rusia para la provincia de Idlib han rebajado la intensidad del conflicto, lo que ha provocado que la principal preocupación de gran parte de la población vuelva a ser la economía, especialmente ante el ahondamiento de la crisis en los últimos meses.
El país, duramente golpeado por la guerra, ha sufrido además el impacto de las sanciones estadounidenses contra Irán tras la retirada de Washington en 2018 del acuerdo nuclear, que han reducido la llegada de combustible iraní, del que tiene una alta dependencia.
Esta situación ha provocado una falta de combustible y gas que ha llevado a un aumento de los precios de los productos y los alimentos desde principios de 2019, que se han disparado a causa de la crisis financiera en la que se encuentra sumido Líbano desde octubre.
Las sanciones contra Siria y los estrechos lazos económicos con Líbano habían llevado a numerosos sirios a abrir cuentas bancarias en Líbano, a las que ahora no tienen acceso, lo que ha provocado una drástica depreciación de la moneda. En respuesta, las zonas controladas por los rebeldes a inyectaron en junio liras turcas y dólares estadounidenses frente a la caída de la libra siria.
Así, según recoge el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el coste de la canasta de productos básicos se ha incrementado un 47 por ciento desde octubre de 2019, lo que ha empujado a muchas familias a una situación complicada en la que algunas han tenido que sacar a sus hijos del colegio para que empiecen a trabajar.
Por ello, Damasco ha acusado a Estados Unidos de "terrorismo económico", especialmente a raíz de la aplicación en junio de la 'Ley César', que contiene una cláusula contra instituciones gubernamentales e individuos que hagan negocios con las autoridades, lo que podría afectar a los esfuerzos de reconstrucción.
Un efecto colateral de estas tensiones ha sido el enfrentamiento entre Al Assad y su primo Rami Majluf, propietario de la principal compañía de telecomunicaciones siria, que han protagonizado un distanciamiento con ecos económicos y políticos.
Finalmente, un tribunal expropió a principios de junio Syriatel por impagos, entre las críticas de Majluf al presidente. Además, las autoridades disolvieron en diciembre el Partido Social Nacionalista de Siria (SSNP), el segundo partido más influyente del país, encabezado en la sombra por Majluf desde 2005.
EL PROCESO DE PAZ
Por otra parte, el proceso de conversaciones entre el Gobierno y la oposición en Ginebra ha quedado parcialmente estancado y a la espera de los resultados que puedan surgir de las discusiones del comité constitucional, en el que la ONU ha puesto sus esperanzas para una solución al conflicto.
El objetivo de las negociaciones, que comenzaron con 150 delegados que representan al Gobierno de Siria, a la oposición y a la sociedad civil a partes iguales, es redactar una nueva Constitución o enmendar la de 2012, como un paso previo de cara a una solución política.
El comité constitucional aborda la posibilidad de imponer un límite a los mandatos, si bien no afectaría a los que ya se han ejercido y, en caso de que cuente con un Parlamento favorable que aplace su eventual aprobación, podría permitir a Al Assad hacerse con una nueva victoria el año que viene antes de verse afectado por la medida.
En este contexto, la vía instaurada en Astaná por los gobiernos de Rusia, Turquía e Irán --que transcurre en paralelo al proceso de Ginebra-- se ha centrado más en la situación sobre el terreno, donde estos países apoyan a las partes enfrentadas.
En su último encuentro, celebrado el 1 de junio, los presidentes de los tres países recalcaron que la situación "no tiene una solución militar", expresaron su preocupación por la situación humanitaria e incidieron en la necesidad de mantener en pie el alto el fuego en Idlib.
A pesar de estos esfuerzos internacionales, la solución política a la guerra parece no estar cerca y, a pesar de que la oposición ha reclamado en numerosas ocasiones que Al Assad no sea parte de la ecuación, los avances sobre el terreno le han afianzado en el poder.
El presidente sirio, que accedió al cargo en el año 2000 tras el fallecimiento de su padre, Hafez al Assad --quien gobernó durante tres décadas--, ha pasado cerca de la mitad de su mandato al frente de un país en guerra y previsiblemente aspirará a la reelección en 2021.
La votación tendrá lugar además en medio de la pandemia de coronavirus, que ha provocado la alarma internacional por el posible impacto sobre la población, dado lo dañado que se encuentra el sistema sanitario a causa de casi diez años de guerra.