MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El gobierno de transición de Sudán ha anunciado nuevas medidas contra antiguos miembros del disuelto partido del expresidente Omar Hasán al Bashir, si bien ha negado los rumores sobre un posible golpe de Estado en el país.
El Comité Anticorrupción de Sudán anunció la semana pasada el cese de más de cien funcionarios por sus lados con el antiguo partido de Al Bashir, el Partido del Congreso Nacional (NCP).
Durante la jornada, el Ejecutivo ha ordenado la confiscación de hospitales privados gestionados por figuras del antiguo régimen, así como acelerar la formación de la Agencia de Seguridad Interior, en sustitución de los disueltos servicios de Inteligencia.
Por su parte, el portavoz del Ejército, Amer el Hasán, ha resaltado que "los rumores sobre un golpe de Estado militar que circulan en Internet dañan la seguridad de la sociedad", según ha informado la emisora sudanesa Radio Dabanga.
Así, ha indicado que la situación de seguridad está estabilizada, a pesar de las informaciones sobre un posible plan para una asonada aprovechando las medidas impuestas para contener la pandemia de coronavirus.
Al Bashir fue sacado del poder el 11 de abril de 2019 tras un golpe de Estado militar. La junta que se hizo con el poder inició unas conversaciones que en agosto derivaron en un gobierno de transición encabezado por civiles.
El Consejo Militar, entonces al frente de la transición, desarticuló en junio de 2019 una intentona por parte de generales islamistas y cesó a varios oficiales del Ejército por su papel en lo sucedido.
Posteriormente el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatá al Burhan, procedió a una reestructuración del Ejército, mientras que en febrero cesó a otros 80 militares.
LEY PARA "DESMANTELAR" EL RÉGIMEN
Por su parte, el Ejecutivo aprobó a finales de noviembre una ley para "desmantelar" el régimen de Al Bashir. El primer ministro, Abdalá Hamdok, resaltó que "no es una represalia", sino que busca "preservar la dignidad del pueblo, agotado por los golpes de los tiranos".
"Aprobamos esta ley en una reunión conjunta para establecer la justicia y el respeto por la dignidad de la gente y para salvaguardar sus riquezas, así como para recuperar los bienes saqueados a la población", remachó.
El expresidente fue condenado en diciembre a pasar dos años en un centro de rehabilitación por delito de corrupción en relación con las divisas encontradas en su residencia, si bien el 13 de mayo de 2019 también fue imputado por la muerte de manifestantes.
Asimismo, el Ejecutivo accedió en febrero a Al Bashir al Tribunal Penal Internacional (TPI), en el marco de las negociaciones de paz que está manteniendo con distintos grupos rebeldes que operan en la región de Darfur.
Sobre Al Bashir pesan dos órdenes de arresto del TPI por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra por los presuntos abusos cometidos bajo su mando en la región de Darfur.