13 de abril de 2019

SUST.- Colombia.- La Fiscalía acusa a 86 ex paramilitares de participar en varios actos violentos entre 1985 y 2006

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el titular. Disculpen las molestias)).

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Tres ex integrantes de la antigua guerrilla de las FARC y 86 ex jefes paramilitares han sido imputados este viernes por varios delitos de violencia generalizada contra sindicalistas, defensores de los Derechos Humanos y miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica entre 1985 y 2006.

La solicitud que ha sido realizada por la Fiscalía adscrita a la Dirección de Justicia Transicional acusa a estas 89 personas de participar en actos violentos entre 1985 y 2006 y de los homicidios de Manuel Guillermo Omera Mirabal, en Aguachica el 28 de enero de 1994 y de Víctor Isaza Uribe, el 19 de noviembre de 1987 en Puerto Nare, Antioquia, según ha recogido Radio Caracol.

Entre los 86 exjefes paramilitares que serán imputados se encuentran uno de los líderes históricos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso Gómez; así como Hernán Giraldo Serna, Juan Francisco Prada, Raul Emilio Hasbun Mendoza, Elkin Casarubia Posada, Rodrigo Pérez Álzate, Ramiro Vanoy Murillo, Ramón María Isaza, José Ever Veloza, alias HH; y Jorge Iván Laverde Zapata.

Mancuso fue uno de los dirigentes más sanguinarios de las AUC hasta 2005, cuando renunció a las armas y se acogió al proceso de Justicia y Paz impulsado por el Gobierno por aquel entonces.

Esta solicitud se ha hecho pública varios días después de que la Cámara de Representantes de Colombia rechazase los cambios propuestos por el presidente del país, Iván Duque, sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según informó el diario 'El Universal'.

El presidente colombiano anunció a mediados de marzo objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, la justicia transicional creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado.

La ONU, ONGs y los negociadores del Gobierno y las FARC en el diálogo de paz, entre otros, han expresado su preocupación por el veto de Duque a lo que consideran una norma fundamental para el correcto funcionamiento de la JEP, uno de los pilares de los acuerdo de paz firmados en 2016.

Bajo los términos del acuerdo de paz, unos 13.000 integrantes del desmovilizado grupo rebelde, incluidos casi 7.000 excombatientes, abandonaron las armas y conformaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como parte de su reintegración a la sociedad.

Colombia aún está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después de un acuerdo de paz sellado y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en la violenta confrontación que ha dejado 260.000 muertos en más de cinco décadas.

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