MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Perú ha rechazado este domingo el recurso para suspender la celebración de elecciones anticipadas el próximo mes de enero después de que el presidente del país, Martín Vizcarra, disolviera el Parlamento en septiembre.
El recurso de suspensión fue presentado por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Alaechea. Sin embargo, la corte no ha hallado fundamentos sólidos para fallar a favor del parlamentario.
Aunque los partidos tradicionales han optado por todo tipo de recursos jurídicos para revocar la decisión del Ejecutivo, estos parecen no contar con los argumentos suficientes.
El Constitucional, que ha declarado con cinco votos a favor y dos en contra "improcedente la solicitud de medida cautelar", ha precisado que el "auto de admisibilidad, el de improcedencia y los respectivos fundamentos de voto se publicarán en la página web del Tribunal Constitucional".
La abogada constitucionalista Ana María Vidal ha expresado que la medida del presidente Vizcarra fue excesiva. "Disolver el Congreso fue una medida extrema, pero está dentro de la ley", ha añadido.
Olaechea, por su parte, sostiene que la disolución del Congreso es contraria a la Constitución y plantea una medida cautelar, que implicaría que el Tribunal Constitucional suspenda la disolución hasta que se emita un fallo definitivo sobre la demanda.
La disolución del Congreso está prevista en la Carta Magna peruana durante los primeros cuatro años del Gobierno si durante ese período la Cámara niega dos veces la petición del presidente de la República de dar confianza a su Gabinete. Entonces el jefe de Estado puede llamar al proceso electoral para elegir nuevos congresistas.
Las elecciones parlamentarias están previstas para el próximo 26 de enero, cuando los peruanos elegirán 130 congresistas.
Vizcarra ha defendido su decisión de disolver el Congreso para convocar elecciones anticipadas, alegando que la "confrontación" política no le dejó otra opción.
LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO
El presidente ordenó el 10 de septiembre disolver el Congreso tras una serie de maniobras políticas para que el Congreso aprobara la reforma constitucional planteada por el Gobierno y el consecuente adelanto electoral.
El jefe de Estado intentó presentar a través de su entonces primer ministro, Salvador del Solar, una cuestión de confianza sobre el Gobierno que el Congreso ni siquiera debatió, lo que llevó a Vizcarra a interpretar que el Legislativo había retirado la confianza al Ejecutivo, desencadenando la disolución del Congreso y el adelanto electoral.
El Congreso, por su parte, desoyó la disolución dictada por Vizcarra y aprobó la suspensión del presidente "por incapacidad moral permanente" por "propiciar la ruptura del orden constitucional". Sin embargo, los diputados dieron marcha atrás en este cese por el apoyo de policías y militares al mandatario.
A su llegada al cargo, el 23 de marzo de 2018 , Vizcarra prometió impulsar una serie de reformas para acabar con la crisis política desatada por los escándalos de corrupción, que han salpicado a la clase política --los últimos cuatro presidentes han sido investigados por el caso Odebrecht-- y al Poder Judicial. De estas reformas la más importante es la constitucional, con la que pretende conseguir un nuevo punto de partido para Perú.