Publicado 03/07/2020 22:05

Un tribunal de Francia rechaza reabrir una investigación sobre el derribo en 1994 del avión de Habyarimana en Ruanda

Ruanda.- Un tribunal de Francia rechaza reabrir una investigación sobre el derri
Ruanda.- Un tribunal de Francia rechaza reabrir una investigación sobre el derri - Benoit Doppagne/BELGA/dpa - Archivo

El caso encabezado por Jean-Louis Bruguire apuntaba a la responsabilidad del FPR de Kagame

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Francia ha rechazado este viernes una petición para reabrir una investigación sobre el derribo en 1994 del avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, respectivamente, que desencadenó el genocidio ruandés.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones de París ha rechazado así abrir el caso encabezado por el antiguo juez Jean-Louis Bruguire, quien apuntó como responsables del derribo a nueve personas cercanas al presidente ruandés, Paul Kagame.

El ministro de Justicia de Ruanda, Johnston Busingye, ha destacado a través de su cuenta en la red social Twitter que "el conocido como 'caso Bruguire' ha sido una parodia de justicia, una farsa total y absoluta que ni siquiera tuvo que tener lugar".

La investigación se remonta a 1998 y fue impulsada por una demanda de las familias de los tripulantes franceses que murieron en el derribo del avión en el que viajaban Habyarimana y Ntaryamira. Sin embargo, ha sido cerrada dos veces por las dificultades para recabar pruebas.

Durante sus pesquisas, Bruguire aceptó la teoría de que se trató de un atentado cometido por un batallón del Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Kagame, si bien su investigación fue criticada por fundamentarse en los trabajos de Paul Barril, un antiguo gendarme que se convirtió posteriormente en mercenario, y porque varios testigos se echaron atrás posteriormente y retiraron sus declaraciones.

Asimismo, el traductor fue Fabien Singaye, yerno de Félicien Kabuga, imputado por genocidio y crímenes de guerra y detenido en Francia en mayo tras más de 25 años fugado por su papel en el genocidio, que se saldó con la muerte de alrededor de 800.000 personas, mayoritariamente tutsis pero también hutus moderados.

Kabuga, un empresario de etnia hutu, está acusado de financiar a las milicias que perpetraron la matanza. Además era el presidente del comité de gestión de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), considerada "la voz del genocidio".

Tras el fallo, Léon Lef-Forster, uno de los abogados de los acusados, ha manifestado que "se ha completado una etapa fundamental y es un alivio", según ha informado el diario francés 'Le Monde'. "Analizaré con mis clientes, acusados desde hace demasiado, si hay que seguir con el caso para aclarar por fin la verdad", ha agregado.

Por contra, Philippe Meilhac, abogado de la viuda de Habyarimana, ha criticado la existencia de "una chapa de plomo en este asunto que tiene una connotación política evidente".

"Durante los últimos días, el presidente ruandés ha estado en la prensa dando a entender que, para mantener la cooperación entre Francia y Ruanda, era mejor que la justicia francesa no hiciera nuevas investigaciones", ha argüido.

Ruanda ha rechazado las acusaciones contra el FPR por su presunto papel en el derribo del avión y, de hecho, ha cargado en varias ocasiones contra Francia por su supuesta responsabilidad en el genocidio.

Así, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en abril de 2019 la creación de una comisión de investigación para analizar el papel del país durante el genocidio y "contribuir a una mejor comprensión y conocimiento del genocidio de los tutsis".

Las raíces del conflicto entre hutus y tutsis se remontan varias generaciones, si bien la muerte de Habyarimana desencadenó rápidamente unas matanzas encabezadas por la milicia hutu Interahamwe, que lanzó una campaña de ejecuciones que se prolongó durante cien días, en muchas ocasiones despedazando a sus víctimas en sus casas, en iglesias, estadios de fútbol o en barricadas.

A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.