CARACAS, 2 Abr. (Notimérica) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este lunes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) --controlada por el oficialismo-- la revocación de la inmunidad parlamentaria del líder opositor Juan Gauidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero.
La medida se debe al desacato cometido por Guaidó a la prohibición de salir del país emitida por el TSJ. El tribunal ratificó además las medidas cautelares impuestas a Guaidó: prohibición de salida del país hasta que culmine la investigación, bloqueo de cuentas bancarias, declaratoria de desacato y una multa de 200 unidades tributarias.
Esta medida otorga luz verde al enjuiciamiento del presidente interino de Venezuela y abre la puerta a su posible detención.
Por su parte, Guaidó reaccionó a la noticia desde una congregación en el sector de San Bernardino (Caracas). "Me quieren ver preso. No tengan duda de eso. Pero no hay preocupación por eso. Porque soy un funcionario público y tengo confianza en el poder del pueblo", señaló.
"No hay ningún tipo de inhabilitación, porque no tienen ninguna competencia para hacerlo, vamos a seguir en la lucha de la Operación Libertad", agregó el líder opositor respecto a la decisión del TSJ.
Minutos después de conocerse la medida, uno de los primeros en reaccionar fue el también líder opositor Henry Ramos Allup hablando sobre la nulidad de la medida. "Solo la Asamblea Nacional tiene facultad constitucional de allanar inmunidad parlamentaria a sus diputados y solo cumpliendo estrictamente procedimiento establecido en la Constitución. Allanamiento inmunidad de @jguaido anunciada por bufete del régimen es nula de nulidad absoluta", afirmó a través de su cuenta de Twitter.
El constitucionalista Juan Rafalli indicó a 'El Tiempo' que "el poder judicial no puede juzgar a un diputado en ejercicio de sus funciones sin pasar por la Asamblea Nacional. Esta nunca ha dejado de existir y eso no es competencia de una constituyente que se supone que lo que debe hacer es redactar una Constitución. El allanamiento es una potestad del cuerpo legislativo al que pertenece el propio diputado".
Al utilizar de nuevo la figura del desacato, Rafalli apunta que el Gobierno venezolano anuló de facto la inmunidad parlamentaria. "Hicieron esto mismo con María Corina Machado, con Gilber Caro, con Juan Requesens. Si no es para proteger a los diputados en casos como este justamente ¿para qué existe entonces la inmunidad parlamentaria?", apuntó el experto.
Aunque asegura que está fuera de la lógica constitucional, Rafalli señala que es previsible que la ANC --presidida por Diosdado Cabello-- tome la "decisión" de levantar la protección a Guaidó, para que luego la Fiscalía --también controlada por el oficialismo-- recoga todas las pruebas necesarias de la investigación que serían remitidas a un tribunal. Este último eslabón sería el que ejecute la decisión de enjuiciar a Guaidó o no y si lo mantendrá en libertad o no mientras dure el juicio.
Además de todo esto, hace una semana la Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela inhabilitó Guaidó, para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas, si finalmente se convocan para resolver la crisis política que sufre el país.
Mientras tanto, el líder opositor reiteró su llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle el próximo 6 de abril. Además, instó a la población a protestar cada vez que fallen los servicios básicos como la luz, el agua y el gas.