MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado a las autoridades judiciales de Túnez por discriminar y violar los derechos de privacidad que recoge la propia Constitución del país al condenar a dos años de prisión a dos hombres por delitos de sodomía.
"El historial de Túnez de enjuiciar activamente a las personas por conductas sexuales consensuadas del mismo sexo es profundamente preocupante y una invasión flagrante de su vida privada", ha alertado la investigadora de los derechos de la comunidad LGTB para HRW, Rasha Younes.
HRW ha informado de que la Policía arrestó a dos hombres el pasado 3 de junio en la ciudad de Le Kef, en el norte del país, acusados de sodomía, tipificado como delito en el Código Penal en su artículo 230. La abogada de los dos jóvenes de 26 años ha denunciado ante la ONG que ambos se negaron a someterse a un examen anal exigido por las autoridades policiales para poder presentar cargos contra ellos.
"Si bien los estados y los organismos internacionales han elogiado a Túnez por su progreso en materia de Derechos Humanos, la criminalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual indican lo contrario", ha apuntado Younes.
Desde una organización de derechos LGBT con sede en Túnez se ha comunicado a HRW que los detenidos fueron intimidados e insultados para que "confesaran que son homosexuales", después de que uno de ellos acudiera a la Policía para presentar una queja contra el otro por un préstamo pendiente de pago.
Ambas personas, cuya identidad no ha sido revelada, han sido trasladadas a un centro penitenciario de la ciudad de Ben Arous, en el noreste de Túnez, en donde pasan un periodo de cuarentena después de que un prisionero de la cárcel de Le Kef diera positivo por la COVID-19.
La sentencia de dos años, más larga que la mayoría por sodomía falladas en los últimos años, será apelada por la defensa en una audiencia está programada para el 8 de julio.
"Las autoridades tunecinas deben anular de inmediato la condena de los dos hombres y liberarlos", ha solicitado HRW, quien en ese sentido ha exigido al Parlamento del país africano que derogue la legislación que persigue las relaciones homosexuales consensuadas y al Ministerio de Justicia que detenga a los fiscales encargados del caso. Del mismo modo, piden al Ministerio de Salud que deje de avalar los exámenes anales forzados.
La ONG ha recordado que Túnez en 2017 se comprometió formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a terminar con los exámenes anales forzados como un método para "probar" la homosexualidad.
Asimismo, HRW ha subrayado que este tipo de pruebas carecen de valor científico y además resultan "intrusivas, crueles, inhumanas y degradantes", que no sólo violan el Derecho Internacional cuando se realizan de manera no consensuada, sino que además son considerados tortura por parte de la ONU.
En ese sentido, esta condenada, ha añadido la ONG, "parece contradecir el derecho a la privacidad y a la no discriminación" que está contemplado en la Constitución de Túnez de 2014.
"El Artículo 24 obliga al Gobierno a proteger los derechos a la privacidad y la inviolabilidad del hogar. El artículo 21 establece que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y deberes, y son iguales ante la ley sin discriminación alguna", ha apuntado.
"Túnez tiene la oportunidad de defender las libertades individuales y el derecho de todos a la no discriminación y la integridad corporal al liderar el camino para despenalizar la conducta del mismo sexo", ha insistido Younes.
En 2018, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad, nombrada por el presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, propuso, entre otras acciones, despenalizar la homosexualidad y poner fin a estas pruebas anales forzadas.
En octubre de ese mismo año, trece miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para un código de libertades individuales, en el que se incorporaban varias propuestas, entre ellas la abolición del artículo 230 del Código Penal.