MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ha alertado de que 120 periodistas continúan encarcelados en Turquía tres años después de la intentona golpista y ha pedido a Ankara que los ponga en libertad cuanto antes y acabe con la "persecución arbitraria" de la prensa.
En un informe al que se han sumado otras ocho organizaciones internacionales y que aborda el papel de la Justicia turca a la hora de "silenciar" a los periodistas, el IPI ha subrayado la gravedad de las medidas impuestas desde hace ya tres años contra los medios de comunicación a raíz del intento de golpe de Estado que tuvo lugar en julio de 2016.
El documento revela un exceso de "terribles violaciones de los derechos fundamentales", con decenas de periodistas encarcelados durante meses e incluso años tras ser imputados por cargos de terrorismo "con el objetivo de acallar a las voces de la oposición y reducir la libertad de expresión".
"La presencia de miles de casos y la pérdida de un tercio de los jueces ha hecho que la Justicia, presidida por un cuerpo que está bajo control del Ejecutivo, se haya vuelto no apta para la tarea que tiene que desempeñar", indica el informe, que ha advertido de que las autoridades tratan de mostrar una "reforma cuando realmente normalizan una Justicia propia de un estado de emergencia".
En este sentido, el documento señala que "el acercamiento de las autoridades turcas y los tribunales hacia los derechos fundamentales sigue siendo altamente problemático, particularmente en relación con la idea de vinculación entre el periodismo de investigación y el apoyo a grupos terroristas".
El informe, que ha contado con la colaboración del Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF), la Federación Europea de Periodistas, Reporteros Sin Frontera, PEN International y Norwegian PEN, entre otras, pide a Turquía que revise sus leyes antiterroristas y acabe con la interferencia política en la Justicia.
"La difícil situación de los periodistas en Turquía no es más que la punta del iceberg de una cuestión mucho más amplia que es el abuso sistemático de los Derechos Humanos", ha manifestado Scott Griffen, subdirector del IPI.
"Las instituciones europeas deben insistir en una reforma sustancial y no permitir que las autoridades turcas pasen por alto el abuso con la promesa de un cambio superficial mientras cientos continúan pagando el precio de este abuso con la pérdida de su libertad", ha aseverado.
El IPI ha recalcado que "la libertad de prensa en el país no ha mejorado desde que se retiro el estado de emergencia en julio de 2018" y ha sostenido que decenas de periodistas "permanecen entre rejas o sometidos a restricciones de viaje como consecuencia de una serie de medidas políticamente motivadas contra los medios de comunicación".
Las organizaciones, que han reconocido la "amenaza terrorista" existente en Turquía, han rechazado "los argumentos del Tribunal de Casación, que insiste en que esto justifica medidas excepcionales fuera de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
"Turquía debe revisar urgentemente todas sus leyes antiterroristas, utilizadas en repetidas ocasiones para silenciar a la prensa crítica con el Gobierno y debe dejar de confundir las críticas con el terrorismo y la propaganda", han destacado.