Los gobiernos abren la puerta a las negociaciones con la Eurocámara sin una posición unánime
BRUSELAS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea han pactado este miércoles vincular el desembolso de fondos del presupuesto comunitario y del plan de recuperación post-Covid al cumplimiento del Estado de derecho, aunque la medida no ha sido respaldada por todas las capitales y amenaza con retrasar e incluso bloquear el plan de recuperación.
El acuerdo alcanzado por los Veintisiete a nivel de embajadores es tan solo un primer paso en el procedimiento, puesto que ahora esta normativa debe ser negociada y acordada con representantes del Parlamento Europeo.
El acuerdo, sin embargo, se ha alcanzado por "amplia mayoría", según ha informado un portavoz del Gobierno de Alemania, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, lo que supone que el documento final no ha sido respaldado por todas las capitales.
Según han informado varias fuentes europeas a Europa Press, la propuesta que llegó a la mesa de los embajadores de los Veintisiete ante la UE ha sido rechazada por siete países, aunque por razones muy distintas.
Hungría y Polonia no han apoyado la medida y desde hace meses han rechazado incluir unas condiciones estrictas para el desembolso de los fondos. Pero también se han posicionado en contra países como Suecia, Dinamarca, Países Bajos o Finlandia que exigen unos requisitos más duros. "No nos gusta, es una mala propuesta", ha explicado fuentes diplomáticas de un país de este último grupo.
La condicionalidad aparejada al desembolso de las ayudas europeas es una cuestión que ha dividido durante los últimos meses a los Estados miembros y que amenaza con retrasar e incluso bloquear la puesta en marcha del fondo anticrisis con el que el bloque desea relanzar la economía tras la pandemia.
Los gobiernos del bloque han dado luz verde, finalmente, a una propuesta elaborada por Alemania, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE. En ella se establece que la Comisión Europea tendrá la competencia de proponer la paralización del desembolso de las ayudas si considera que en un país se han aprobado medidas que "violan los principios del Estado de derecho" y que "afectan de una manera suficientemente directa" los intereses financieros de la UE.
Después, dicha decisión tendrá que ser aprobada por los Estados miembros por mayoría cualificada, lo que facilitaría a los países del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Austria) encontrar mayorías para bloquear una eventual congelación de las ayudas.
La propuesta original de la Comisión Europea establecía que su decisión quedaría aprobada salvo que una mayoría cualificada de Estados miembros se opusiese a la misma en el plazo de un mes.