BRUSELAS, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Eleanor Sharpston ha dado este jueves la razón a Bruselas en su pulso contra Hungría, Polonia y República Checa por negarse a cumplir con sus compromisos de acogida de refugiados asumidos con la UE en 2015.
El caso se remonta al inicio de la llamada crisis de refugiados, cuando el aumento drástico en pocos meses de llegadas de inmigrantes irregulares a Italia y Grecia colapsó los sistemas de control y acogida de estos países y obligó al resto de socios de la UE a pactar un reparto urgente de la responsabilidad en la acogida.
Hungría y Polonia se negaron a recibir a un solo demandante de asilo, mientras que República Checa recibió primero a doce personas llegadas primero a Grecia y después decidió dejar de cooperar, alegando un riesgo para la seguridad.
Las conclusiones de la Abogacía General no son vinculantes para el TUE, aunque, en el 80 por ciento de los casos, las sentencias que dicta Luxemburgo suelen seguir la línea marcada por estos dictámenes.
En sus conclusiones de este jueves, la letrada advierte de que los Estados miembro no pueden ampararse en sus responsabilidades de mantenimiento del orden público y salvaguarda de la seguridad interior para incumplir una "medida válida" de la Unión Europea con la que no están de acuerdo.
En este sentido, Sharpston reconoce el derecho de los Estados miembro a rechazar la reubicación de una persona pero "sólo cuando existieran motivos razonables" para concluir que podría constituir un "peligro" para el orden público o el bienestar de sus ciudadanos, por lo que no se podría aplicar de manera indiscriminada para incumplir un acuerdo de la UE.
Por eso, añade en su dictamen, hubiera sido perfectamente posible para los tres países denunciados cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad con una "negativa a admitir a determinados" solicitantes de asilo.
También concluye que las reglas de la Unión Europea ofrecen herramientas suficientes y "medidas adecuadas" a los Estados miembros para que, en cooperación y bajo el principio de confianza mutua, pudieran solventar todos los problemas de seguridad nacional y orden público durante el proceso de reubicación.
LA UE QUEDÓ LEJOS DE SU COMPROMISO INICIAL
El acuerdo de los Veintiocho para tratar de aliviar la presión migratoria que Roma y Atenas no podían gestionar se tradujo en un compromiso legalmente vinculante para recibir en su territorio a un total de 160.000 demandantes de asilo a partir de septiembre de 2015 y durante un periodo de dos años.
Cuando expiró el programa de reubicación, los países de la Unión Europea se quedaron lejos de su compromiso inicial ya que finalmente fueron reubicados en total algo menos de 35.000 personas, aunque la Comisión Europea justificó esta revisión a la baja alegando que no había más candidatos elegibles.
El mecanismo urgente para el reparto de cuotas de acogida salió adelante con el voto en contra de Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia, países a los que, sin embargo, también se asignó un porcentaje de acogida.
Hungría y Eslovaquia llevaron el pacto al Tribunal de Justicia de la UE para tratar de impugnarlo, pero la Justicia europea en un primer fallo de 2017 avaló el sistema y lo definió como "necesario" y "proporcionado".
Desde entonces, Bruselas ha tratado sin éxito de diseñar con los Estados miembro un sistema similar pero permanente, que en caso de nuevas crisis permitiera activar un reparto automático de cuotas de acogida. Las diferencias entre las capitales tampoco han permitido reformar la política europea de asilo para responder a la demanda de los países más expuestos a los flujos migratorios.