BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Priit Pikame ha concluido este jueves que la legislación de Hungría en materia de asilo y retorno de migrantes irregulares vulnera las reglas de la Unión Europea por las trabas que impone a los demandantes de asilo durante el proceso que se les exige para tramitar las peticiones de acogida.
El Gobierno de Viktor Orban obliga a los demandantes de asilo a presentar su solicitud de protección internacional en la zona de tránsito de la frontera serbo-húngara, al tiempo que limita fuertemente el número de personas que pueden acceder a dicha zona, lo que complica a estas personas acceder a un procedimiento al que tienen derecho.
En la práctica estas personas afrontan plazos de espera de entre once y dieciocho meses para poder acceder a las zonas de tránsito y poder por tanto formular su solicitud.
En su opinión, Hungría incumple la obligación de garantizar un acceso efectivo al procedimiento de asilo y al de solicitud de protección internacional, además de internar de manera irregular a los refugiados en las zonas de tránsito fronterizo. El letrado europeo también tiene dudas sobre las condiciones de expulsión de inmigrantes a terceros países.
El Abogado General también ve problemas en que la tramitación de estas solicitudes se resuelvan siempre en zona de tránsito, cuando las reglas de la UE permiten la posibilidad de aplicar procedimientos fronterizos solo bajo ciertas circunstancias excepcionales.
Otra de las irregularidades que detecta la Justicia europea con respecto a la legislación húngara es que estos procedimientos fronterizos limitan a un máximo de cuatro semanas el plazo máximo que un demandante de asilo puede pasar alojado en las zonas de tránsito, y recalca que se trata de un alojamiento en el sentido de acogida, no de detención.
Finalmente, el dictamen desestima porque no cree que esté justificado el argumento de Hungría respecto a que estas reglas se enmarcan en las excepciones que prevén los Tratados para momentos de crisis, con el fin de mantener el orden público y de salvaguardar la seguridad interior.
Los dictámenes de la Abogacía General no son vinculantes para el Tribunal con sede en Luxemburgo, aunque las sentencias definitivas siguen en la gran mayoría de casos la línea marcada por las conclusiones.
PULSO CON LA COMISIÓN
El caso llegó al TUE de la mano de la Comisión Europea, que imputa al Gobierno de Viktor Orban la "inobservancia de las garantías de procedimiento" que establece el Derecho comunitario en lo que se refiere a la protección internacional, al "internamiento ilegal" de los solicitantes en zonas de tránsito y a la "expulsión ilegal" de nacionales de terceros países.
Bruselas y Budapest mantienen un tenso pulso desde hace años a cuenta de la política migratoria y las obligaciones de acogida y asilo en la Unión Europea, después de que Hungría se negara a hacerse cargo de parte de los refugiados que llegaron a Italia y Grecia en la crisis de 2015.
El TUE ha condenado recientemente a Hungría precisamente por este hecho y el Gobierno de Orban respondió acusando al Ejecutivo comunitario de presiones para forzar cambios en la Constitución del país para relajar el control sobre la inmigración.