Países Bajos, que acoge la sede del TPI en La Haya, pidió que se incluyera un párrafo en este sentido en la declaración final
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Los líderes de la UE, América Latina y el Caribe han reafirmado hoy su compromiso de "combatir la impunidad, en particular de los delitos más graves del derecho internacional" y, en concreto, los que se contemplan en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI).
En la declaración final de la VI Cumbre entre la UE, América Latina y el Caribe, piden que se adopten medidas "de ámbito nacional u otro ámbito adecuado" así como "intensificar la cooperación internacional" con el objetivo de que dichos delitos se sometan a la acción de la justicia. También invitan a aquellos países que no son partes del TPI a que contemplen la posibilidad de ratificar o de adherirse, según proceda, al Estatuto de Roma.
Fuentes diplomáticas han explicado a Europa Press que fue Países Bajos quien solicitó introducir este párrafo en la declaración final de la cumbre. Esta nación está particularmente involucrada con el Tribunal, dado que La Haya acoge su sede.
En la rueda de prensa al término de la cumbre, la prensa española preguntó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que ayer se entrevistó con el juez Baltasar Garzón, si a su juicio entre los delitos más graves del derecho internacional cabe interpretan que se incluyen los crímenes del franquismo.
A Zapatero le sorprendió la pregunta pero señaló que el franquismo fue un régimen "afortunadamente superado", "oprobioso, autoritario que quitó la vida a muchas personas y muchas ilusiones. "Pero hoy estamos en la España democrática, de las libertades y eso es lo que me parece más relevante", indicó.
Reconoció que existe "un gran debate" sobre la responsabilidad de lo que puede ser la justicia internacional y afirmó que, en su opinión, "lo que sí es de justicia es que aquellos que hayan tenido a sus familiares durante décadas sin saber dónde estaban tienen todo el derecho a saberlo, a rendirles recuerdo, a tener esa tranquilidad". Fernández recordó cómo su país anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitieron juzgar a los responsables de la dictadura "más sangrienta" de Argentina, la del general Videla.
La presidenta argentina confesó tener un "gran aprecio personal", "respeto y admiración" por el juez Garzón, que precisamente será juzgado por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo.
"El mundo y la propia España admiró a ese juez que convirtió a este país en un faro en materia de Derechos Humanos cuando decidió juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet", subrayó.