BRUSELAS, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea "alberga algunas dudas" sobre el decreto de nacionalización de los recursos energéticos aprobado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, el pasado 1 de mayo, y defiende que "cualquier cambio de las condiciones en que operan las empresas debería ser fruto de la cooperación y la negociación", según indica la comisaria de Asuntos Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, en respuesta a una pregunta planteada por el eurodiputado del PP, Francisco Millán.
Millán pedía al Ejecutivo comunitario que expresara la compatibilidad de la decisión del Gobierno de Morales con el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y la Comunidad Andina, de la que forma parte Bolivia. Este acuerdo, firmado en diciembre de 2003, establece en su artículo 25 que las partes acuerdan fomentar la cooperación en el ámbito de la energía, lo que incluye consolidar las relaciones económicas en sectores básicos como la energía hidroeléctrica, el petróleo y el gas.
El artículo 31, dedicado a la cooperación en materia de promoción de la inversión, señala que las partes acuerdan promover, dentro de los límites de sus respectivas competencias, un clima "estable" capaz de atraer la inversión recíproca. El acuerdo aún no ha entrado en vigor a falta de la ratificación parlamentaria de algunos países, pero el eurodiputado del PP reclamaba a la Comisión Europea que se pronunciara sobre la compatibilidad del decreto de Morales con los objetivos del acuerdo y sobre si pensaba adoptar alguna iniciativa al respecto.
Ferrero-Waldner afirma en su respuesta que la Comisión Europea "alberga algunas dudas" sobre el decreto porque "a pesar de que es justo que todos los ciudadanos bolivianos se beneficien de la explotación de los recursos naturales del país considera que cualquier cambio de las condiciones en que operan las empresas debería ser fruto de la cooperación y la negociación".
Añade que la Comisión "seguirá exhortando al Gobierno boliviano y a las empresas afectadas a que respeten sus obligaciones legales y a que entablen discusiones positivas y abiertas en relación a los términos de su futura cooperación".
Bruselas considera que "la inversión europea en del sector de la energía puede hacer una contribución positiva al desarrollo económico de Bolivia, especialmente a través de la transferencia de recursos financieros, tecnología y competencias" y que el aumento de la presencia e inversión de empresas europeas en Bolivia va en interés de ambas partes.
Pero advierte de que "para lograr este objetivo, es vital crear las condiciones de seguridad jurídica necesarias para los inversores" y concluye que brindará al Gobierno boliviano todo su apoyo en sus esfuerzos por desarrollar "un entorno legal y económico favorable para la inversión nacional y extranjera".