BRUSELAS, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha recomendado este lunes a los países del bloque ampliar el alcance de las sanciones económicas en materia de congelación de activos que impone a personas y empresas de Rusia involucradas en el conflicto de Ucrania y la anexión de la península de Crimea.
Bruselas ha publicado, en concreto, una interpretación sobre el reglamento que establece dichas sanciones para aclarar algunas dudas trasladadas por algunas de las autoridades nacionales que tienen la competencia de hacer cumplir las medidas restrictivas.
Así, el Ejecutivo comunitario cree que en virtud de este reglamento también deben ser congelados los activos de entidades que son controlados por individuos sancionados aunque la entidad en sí no esté incluida en la lista.
Sin embargo, la empresa afectada puede conseguir desbloquear sus activos si demuestra que todos o parte de ellos no están controlados en la práctica por la persona incluida en la lista de medidas restrictivas de la UE.
Por otro lado, la Comisión Europea recomienda que las entidades controladas por personas sancionadas sólo puedan tener acceso a sus fondos o recursos económicos en casos "específicos" cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento en forma de derogaciones.
En este sentido, especifica que la provisión de servicios o empleo a estas entidades puede suponer que sus recursos estén "indirectamente" disponibles para las personas sancionadas, puesto que les permite obtener un beneficio económico.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha destacado que esta recomendación ayudará a los Estados miembro a actuar "con consistencia y efectividad" al aplicar el régimen sancionador de la UE contra Rusia por la guerra de Ucrania.
"No tenemos ninguna duda de que contribuirá a aclarar y fortalecer la aplicación de las sanciones en toda la UE", ha subrayado el letón.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron precisamente el pasado viernes prorrogar seis meses más las sanciones económicas vinculadas al conflicto con Ucrania, que aplica desde julio de 2014 y afecta a los sectores financiero, energético, de defensa y de equipos duales.