BRUSELAS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha informado este viernes de la apertura de una investigación para aclarar si Bruselas ignoró su obligación de realizar una evaluación de impacto económico y social antes de cerrar el acuerdo de libre comercio en nombre de la UE con los países de Mercosur --Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay--.
Reilly ha iniciado este expediente en respuesta a la queja presentada por un grupo de ONG que pidieron la suspensión de la ratificación del acuerdo dado que Bruselas no realizó una Evaluación de Impacto de Sostenibilidad (SIA, por sus siglas en inglés) antes de anunciar el pacto en junio del años pasado.
Por ello, la mediadora europea pide al Ejecutivo comunitario que presente por escrito información detallada en el plazo de tres meses sobre los procedimientos de la SIA, de qué modo garantiza que la información utilizada es la más actualizada y de qué modo este análisis repercute en la finalización del acuerdo.
La Defensora del Pueblo europeo, además, insta a Bruselas a aclarar cuando prevé publicar la versión definitiva de la evaluación de impacto ---cuyo borrador se ha publicado solo recientemente-- y si consultará con la sociedad civil sobre la misma antes de concluir el informe final.
Desde el Ejecutivo comunitario, por su parte, un portavoz ha declarado la disposición de la Comisión por colaborar con la Defensora del Pueblo de la UE y "poder demostrar" que cumplió todas las disposiciones del proceso, si bien ha recalcado que la investigación se refiere únicamente a la evaluación y no al conjunto del acuerdo.
En su queja, la Federación Internacional de Derechos Humanos, ClientEarth, Fern, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot denunciaron que Bruselas esquivó sus obligaciones al cumplir solo la primera de tres fases del proceso de evaluación cuando selló el pacto. La evaluación preliminar se ha publicado esta misma semana, casi un año después de que la UE y Mercosur anunciaran el acuerdo.