MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros modificó hoy las medidas y procedimientos para aplicar el Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de África, Caribe y del Pacifico (ACP) y aprobó remitirlo a las Cortes Generales, informó Presidencia del Gobierno.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó la importancia del acuerdo porque establece "el conjunto de obligaciones" españolas y europeas y porque los cambios efectuados mejorarán "la gestión de la ayuda al desarrollo y la lucha contra el terrorismo, además de abordar los problemas de la inmigración irregular".
La relación entre la UE y los países ACP, dentro de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, fue objeto en los 90 de una puesta al día para adaptarse a las nuevas circunstancias económicas y políticas, que dio como resultado la firma de un Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000 para un periodo inicial de 20 años.
Dicho acuerdo iba acompañado de un Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos para la aplicación del Acuerdo de Asociación, que se firmó el 18 de septiembre de 2000.
El 23 de febrero de 2006, tras cuatro años de vigencia de Cotonú, culminaron las negociaciones entre la Unión Europea y los países ACP para revisar el texto de dicho acuerdo.
El nuevo texto consta de dos artículos que desarrollan procedimientos relativos a los mecanismos de diálogo entre la Unión Europea y los Estados ACP, introduciendo cambios de un marcado carácter político que afectan a los artículos 3 y 9 y al Anexo del Acuerdo Interno.
Las modificaciones afectan a los procedimientos de aplicación de algunos artículos del Acuerdo ACP-CE, que son disposiciones que regulan la cooperación para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, el procedimiento de consulta y medidas pertinentes respecto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho, y establecen el procedimiento de consulta y medidas pertinentes sobre corrupción.