BRUSELAS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Eurocámara pedirá más explicaciones a la candidata a comisaria francesa, Sylvie Goulard, que está siendo investigada en Francia y por la Agencia antifraude europea (OLAF) por el uso de fondos europeos para la contratación ficticia de un asistente cuando era eurodiputada por el partido de centro MoDem y que se ha visto obligada a devolver 45.000 euros al Parlamento Europeo.
Los grupos del Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D) no darán su visto bueno a la candidata a comisaria gala este miércoles y pedirán más explicaciones por escrito, según han avanzado varias fuentes parlamentarias.
"Hoy no hay confirmación. Esperamos las preguntas por escrito y quizá pidamos otra audiencia", ha avanzado Dirk Gotink, el portavoz del presidente del grupo popular europeo, Manfred Weber, a través de su perfil de Twitter.
El portavoz popular de Industria, el eurodiputado alemán Christian Ehler ha justificado que "no sería apropiado" dar el visto bueno como comisaria de Mercado Interior este miércoles con la investigación en marcha en Francia y por la OLAF. "Hay una nube de la duda sobre la comisaria designada", ha subrayado en un comunicado, en el que ha confirmado que los populares pedirán que responda "más preguntas y una posible segunda audiencia para aclarar cuestiones pendientes".
"Ha habido un delito. No puede remunerar (con fondos de la UE) a personal que trabaja a sueldo del partido", han explicado fuentes parlamentarias.
También los Socialistas y Demócratas exigen que dé "más explicaciones" sobre "sus problemas con la justicia" y otros asuntos de su competencia sobre los que ha sido "muy vaga", han explicado fuentes del grupo.
Desde los Verdes, el eurodiputado responsable de Industria del grupo, Ville Ninist, también ha criticado que la candidata fue "demasiado vaga en sus respuestas". "Pediremos una segunda ronda de preguntas escritas, principalmente para aclarar el tipo de propuestas legislativas concretas que quiere poner en la mesa para reforzar la economía circular y arreglar adecuadamente lo que dejó el escándalo del Dieselgate", ha subrayado.
El grupo de la Izquierda Europea (GUE) va más lejos y deja claro que está "en contra de su nominación", pero también respaldarán que dé más explicaciones por escrito. "No es adecuada. Si ha dimitido por el escándalo en Francia no debería ser comisaria de la UE", han explicado fuentes parlamentarias, que han afeado que la candidata a comisaria no ha despejado "los temores sobre sus muchos conflictos de interés" y ha sido "muy vaga" en su examen ante la Eurocámara.
Fuentes parlamentarias han explicado que "todos los grupos salvo Renovar Europa", al que pertenece la candidata del presidente galo, Emmanuel Macron, respaldarán pedir más explicaciones por escrito a la candidata en la reunión de coordinadores de grupo de las Comisiones de Mercado Interior e Industria de la Eurocámara, que se celebra este mismo jueves tras su audiencia.
Horas antes, Goulard se ha defendido de las críticas asegurando que está "limpia" y no está "imputada" pese a que está siendo investigada en Francia y por la Oficina antifraude comunitaria (OLAF) por el uso de fondos europeos para la contratación ficticia de un asistente cuando era eurodiputada por el partido de centro MoDem y que se ha visto obligada a devolver 45.000 euros al Parlamento Europeo.
La candidata, que fue interrogada a principios de septiembre por este asunto por la Policía gala, ha pedido que se respete la "presunción de inocencia" y ha recordado que la Eurocámara concluyó que "no ha habido una intención fraudulenta" a pesar del reembolso que tuvo que hacer. "No estoy imputada", ha remachado, asegurando que extraerá "las consecuencias" si es condenada, pero que es "una cuestión hipotética", al ser preguntada si dimitirá como comisaria en este caso.
También se ha tenido que defender de las críticas de numerosos eurodiputados por haber trabajado para el Instituto Berggruen, un grupo de opinión estadounidense, entre 2013 y 2016, cobrando 13.000 euros al mes, mientras era eurodiputada y ha recordado que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha validado su declaración de bienes presentada.
"He declarado todo. Todo era legal", ha asegurado. Y aunque ha reconocido que sus honorarios eran "sumas elevadas", se ha defendido alegando que están dentro de las "prácticas" para este tipo de trabajo de "consultación internacional", al tiempo que ha justificado sus cualificaciones. "Puedo trabajar en cuatro lenguas", ha subrayado.