Actualizado 21/01/2019 23:36

La UE pide el fin de la represión y diálogo en Nicaragua

Daniel Ortega
REUTERS / OSWALDO RIVAS - Archivo

Borrell defiende explorar sanciones y medidas de apoyo del bloque en Nicaragua porque la situación "es insostenible"

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han exigido este lunes el fin de la represión y el reinicio de un diálogo nacional en Nicaragua y han amenazado al Gobierno de Daniel Ortega con sanciones si se degrada la situación de los Derechos Humanos o el Estado de Derecho en el país.

"La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho", han avisado los Veintiocho en unas conclusiones que han aprobado sobre Nicaragua, abriendo así la puerta a estudiar la imposición de sanciones.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, no ha despejado al término de la reunión de los Veintiocho cuáles serán "los próximos pasos" del bloque al ser preguntada por la posibilidad de imponer sanciones ya a Nicaragua pero ha dejado claro que están "extremadamente preocupados" por la situación política y de los Derechos Humanos en Nicaragua y no hay que "subestimar para nada" la "señal" que envían hoy los Veintiocho, que prestarán "atención" a la evolución e intentarán desempeñar "un papel constructivo".

Varias fuentes diplomáticas confirman que el bloque podría estudiar sanciones si la situación sigue deteriorándose. En todo caso, los Veintiocho tendrían que discutir primero "qué tipo de medidas" se podrían adoptar --fuentes diplomáticas han recordado que en el caso de Venezuela se comenzó con un embargo de armas y de equipos para la represión y una base jurídica para poder sancionar después a los responsables de la misma-- y después analizar "la oportunidad política".

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha avisado de que la situación en Nicaragua "es insostenible" y ha instado a sus socios de la Unión Europea a que "apoyen medidas que pueden ser sanciones y también de apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua".

El Gobierno español ha reclamado a sus socios abordar este lunes la situación en Nicaragua tras recordar que "ha habido muchos muertos y puede haber más" y "hay que ayudar a hacer las reformas necesarias para que pueda haber un proceso electoral".

"Lo que no puede ser es que la Unión Europea se ocupe mucho de las antiguas colonias francesas y británicas y, en cambio, cuando se trata de ocuparse de los problemas de América Latina parece que haya menos interés", ha considerado, tras subrayar que España y Portugal están "insistiendo todo el día" a sus socios de prestar atención a Venezuela y Nicaragua, que viven "las mayores crisis" en el continente "en mucho tiempo".

"Europa no puede llevarse a andanas", ha remachado, insistiendo en que "Europa no puede no ocuparse de eso". "No basta con decir que lo lamentamos mucho e imponer algunas sanciones", ha zanjado.

En rueda de prensa posterior, Borrell ha insistido en que la Organización de Estados Americanos (OEA) "no parece tener credibilidad" para "impulsar" el proceso de reformas que permita nuevas elecciones en Nicaragua y ha reclamado "que la Unión Europea lo haga", tras lamentar que "la situación sigue bloqueada" y no puede mirar "para otro lado".

MISIÓN DE LA EUROCÁMARA

También ha calificado de "buena noticia" que la delegación de la Eurocámara encabezada por el eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui, que se desplazará a Nicaragua el 24 de enero para verse con el Gobierno, la oposición, la Iglesia e instituciones civiles, "ha recibido por fin" autorización de las autoridades "para poder entrar" aunque todavía no está claro "si les dejan desarrollar ese programa o no".

Más de 300 personas han muerto y miles han sido detenidas en el marco de la crisis en Nicaragua que estalló en abril, cuando miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades primero para protestar por la polémica reforma de la seguridad social y luego para pedir la democratización del país.

Ortega, que lleva quince años en el poder, ha rechazado convocar elecciones anticipadas --las próximas presidenciales están previstas para 2020--, algo que ha llevado a la ruptura del diálogo nacional.

Además, el Congreso del país ha retirado el reconocimiento jurídico a varias ONG acusadas por el Gobierno de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado para desbancar del poder a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES "NO SE GARANTIZAN"

En el texto pactado, los Veintiocho han condenado "con firmeza" la represión en Nicaragua contra la sociedad civil y la prensa y el uso de la legislación antiterrorista para "reprimir" las voces críticas y han denunciado que las recientes medidas del Gobierno contra ONG y medios de comunicación independientes "suponen un nuevo golpe para la democracia, los Derechos Humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social".

En el texto, lamentan que en Nicaragua "no se garantizan derechos fundamentales" consagrados en la Constitución como la libertad de expresión y reunión, la libre circulación, el 'habeas corpus' y el derecho a un juicio justo, a la luz de medidas impulsadas para penalizar los actos de protesta, así como la decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar el registro de varias ONG y redadas "ilegales" en medios de comunicación "independientes" y piden a las autoridades del país "que pongan fin a la represión" contra las protestas públicas, los medios independientes y las ONG, cuyo estatuto jurídico piden restituirles.

Los Veintiocho reclaman la liberación de los "centenares" de ciudadanos detenidos y encarcelados "ilegalmente" por participar en las protestas que arrancaron contra el Gobierno de Daniel Ortega en abril que, recuerdan, "fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al Gobierno", dejando varios centenares de muertos, y exigen respeto a "sus garantías procesales" y "un trato justo" tras denunciar "irregularidades generalizadas" y "procedimientos judiciales arbitrarios".

NEGOCIACIÓN REAL Y ELECCIONES CREÍBLES

El bloque ha reclamado a Managua "iniciar un diálogo y una negociación verdaderos" para resolver la crisis y "la adopción de reformas electorales" para "garantizar unas elecciones creíbles" y "que se ajusten a las normas democráticas internacionales" y ofrece "respaldar una mediación aceptable para todas las partes interesadas y las reformas electorales" tras lamentar la paralización de las que venía promoviendo la Organización de Estados Americanos.

"No es posible una reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional transparente, integrador y constructivo entre todas las partes implicadas y mientras no haya justicia para todas las víctimas", han alertado en el texto pactado.

Los Veintiocho han reclamado por ello al Gobierno nicaragüense que coopere "de forma constructiva" con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA y permita la vuelta de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tras lamentar la suspensión del Mecanismo Especial de Seguimiento y el fin del mandato de los expertos de la CIDH.