BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha valorado como "un primer paso positivo" la reanudación del diálogo político entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica opositora y el gesto de las autoridades de Managua de cambiar el régimen penitenciario --de prisión al arresto domiciliario-- de un centenar de personas que fueron detenidas por participar en las protestas contra el Gobierno.
"Los últimos acontecimientos en Nicaragua son un primer paso positivo para superar la crisis política actual a través de una solución negociada", ha subrayado el servicio diplomático europeo en un comunicado.
Pero el bloque espera que "todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados" y se respete en todo caso "el debido proceso, así como otras garantías legales consagradas en la Constitución" que les asisten.
"El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y de reunión, es esencial para restablecer la confianza" y se necesita "un diálogo genuino e inclusivo" para acompañar "las reformas requeridas dirigidas a garantizar elecciones creíbles", ha avisado el Servicio Exterior Europeo.
La UE espera que el Gobierno de Ortega además "restablezca la cooperación" con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permita la vuelta de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El Ejecutivo de Nicaragua y la Alianza Cívica, que aglutina a la oposición del país, aprobaron el miércoles nueve de los doce puntos de una propuesta inicial durante la primera jornada del diálogo nacional --suspendido desde mayo de 2018-- para tratar de poner fin a la crisis política en Nicaragua a raíz de las protestas entre abril y julio de 2018 contra el Gobierno de Ortega, que han dejado más de 300 muertos y 600 detenidos.
Ortega, que lleva quince años en el poder, rechazó convocar elecciones anticipadas --las próximas presidenciales están previstas para 2020--, algo que ha llevado a la ruptura del diálogo nacional.
Los Veintiocho han exigido a Ortega el fin de la represión y el reinicio de un diálogo nacional en Nicaragua y le amenazaron con sanciones en caso de deterioro de la situación de los Derechos Humanos o del Estado de Derecho en el país, mientras que la Eurocámara también ha dejado claro que pedirá sanciones de la UE si el Gobierno no libera a todos los manifestantes.