Publicado 02/02/2021 14:33

UE.- Los Veintisiete adoptan cambios legales para adaptarse a la desaparición del Líbor a finales de año

Banderas de la UE junto a la Comisión Europea
Banderas de la UE junto a la Comisión Europea - ZHANG CHENG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea han adoptado este martes una serie de cambios legislativos para adaptarse a la desaparición del índice Líbor, prevista para finales de este año, y evitar que cause problemas en la estabilidad financiera del bloque.

Las capitales de la UE han dado su visto bueno a la medida, que introduce enmiendas al reglamento sobre índices de referencia y entrará en vigor a mediados de febrero, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la UE.

El objetivo de las nuevas normas, según ha explicado en un comunicado el Consejo de la UE (la institución que representa a los Estados) es "reducir la incertidumbre legal y evitar riesgos sobre la estabilidad financiera" para permitir que se pueda sustituir un índice con importancia sistémico que ya no se utilice.

La Comisión Europea plantó cambios legislativos porque la normativa vigente sobre índices de referencia da poderes a los supervisores para afrontar una desaparición "repentina" de uno de ellos, pero no contempla medidas en el caso de índices "críticos" como el Líbor, al que los bancos europeos están "particularmente expuestos".

Con este nuevo marco, el Ejecutivo comunitario podrá reemplazar estos "índices críticos" que pueden plantear problemas a la estabilidad financiera "si su desaparición pudiese derivar en una disrupción del funcionamiento de los mercados financieros de la UE".

Esta competencia para sustituir índices sistémicos en desaparición por tasas alternativas también cubre aquellos índices de terceros países en proceso de retirada y otros reconocidos como "críticos" en un solo Estado miembro.

Además, las enmiendas amplían el periodo de transición para el uso de índices de referencia de terceros países, que podrán utilizarse hasta finales de 2023. Bruselas podrá prorrogar esta posibilidad hasta 2025 si demuestra que es necesario.