22 de octubre de 2008

UE/Venezuela.- El PE vota mañana una condena a Chávez por la inhabilitación de políticos venezolanos

Meyer (IU) rechaza esta iniciativa y acusa al PPE de "desacreditar" el mecanismo de defensa de DDHH de la Eurocámara

ESTRASBURGO (FRANCIA), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo votará mañana una resolución que condena las inhabilitaciones a políticos venezolanos decretadas por el Gobierno de Hugo Chávez y las expulsiones del país de varios miembros de Human Rights Watch tras la publicación de un informe de esta ONG en el que criticaba la falta de libertades públicas en Venezuela.

El proyecto de resolución ha sido presentado por los eurodiputados del Grupo Popular Europeo (PPE), formación que espera que el texto salga adelante con el apoyo del grupo liberal (ALDE) y del de la Unión para la Europa de Naciones (UEN), informó en un comunicado.

La resolución que se vota este miércoles recoge la preocupación por la lista de inhabilitaciones presentada por el Controlador General de la República en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos --en su mayoría de la oposición al régimen de Chávez-- a presentarse a las elecciones regionales y municipales del próximo mes de noviembre.

"La utilización política de estas listas cercena los derechos civiles y políticos de los opositores al actual Gobierno venezolano, en concreto los derechos a ser elegido y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades locales, regionales y nacionales", según el proyecto de resolución.

Así, el texto de los 'populares' "exhorta" al Gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la justicia "en el marco de las disposiciones de los artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana que reconocen únicamente esta facultad de manera definitiva al poder judicial".

Sin embargo, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, en un comunicado conjunto con su colega Giusto Catania, consideró que con esta iniciativa el PPE "se ridiculiza y desacredita el mecanismo de defensa de los Derechos Humanos" de la Eurocámara.

A su juicio, con esta resolución la derecha del Parlamento europeo se convierte en "aliado objetivo de los corruptos en Venezuela --sean próximos de la oposición o del Gobierno de Venezuela--, porque ataca el sistema de inhabilitaciones, que obliga por ley a impedir que funcionarios públicos que han realizado malversaciones comprobadas se presenten como candidatos a elecciones por un tiempo determinado".

Según explicaron Meyer y Catania, las inhabilitaciones en Venezuela responden a un "sistema similar al que opera en varios países europeos" que permite "de manera prudente y en respeto del debido proceso", aplicar una legislación "anterior al actual Gobierno, que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela incluyendo la oposición y que ha sido refrendada por la Tribunal Supremo de Justicia en más de cuatro sentencias".

Así las cosas, Meyer y Catania reprochan al PPE que haya insistido en incluir esta cuestión en el orden del día de la Eurocámara "negándose rotundamente" a que considere otros temas "urgentes y graves", como "la represión y el brutal asesinato de decenas de indígenas y sindicalistas en Colombia, o el fallido intento de golpe de estado contra el Presidente Evo Morales".

EXPULSIÓN DE MIEMBROS DE HRW

Por otra parte, de salir adelante la resolución también condenará "enérgicamente" el asesinato del líder estudiantil del partido Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exigirá a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen" y poner a sus responsables ante la justicia.

Asimismo, el proyecto de resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión arbitraria" del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez". Dichas expulsiones suponen "un precedente muy grave" para la "libertad de expresión y crítica que ha de existir en toda sociedad democrática", según añade el texto.