Actualizado 20/02/2018 08:37

Uribe, acusado de falsa denuncia y manipulación de testigos por vínculos con paramilitares

Álvaro Uribe
COLPRENSA

   BOGOTÁ, 19 Feb. (Reuters/EP) 

   La orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de investigar al expresidente Álvaro Uribe por falsa denuncia y manipulación de testigos ha reactivado un antiguo proceso judicial en su contra y ha calentado la precampaña de las elecciones legislativas y presidenciales.

   El tribunal cerró una investigación contra Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático a quien Uribe había denunciado por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, y ordenó en cambio investigar por los mismos hechos al exmandatario.

   Los detalles de las supuestas maniobras de Uribe, quien gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, quedaron registrados en grabaciones de llamadas telefónicas entre el expresidente y personas cercanas, interceptadas por orden del tribunal.

   "Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Mantendré mi número telefónico, por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero", ha afirmado Uribe en su cuenta de Twitter. Uribe actualmente es senador y líder del partido derechista Centro Democrático, que aspira a convertirse en la primera fuerza política en el Congreso en las elecciones de marzo.

   La Corte Suprema sostiene que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

   En la misma sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.

   Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla.

   Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.

   La defensa de Uribe ha adelantado que pedirá a la Corte revocar el fallo, mientras que Iván Duque, el candidato respaldado por el exmandatario para las elecciones presidenciales, denunció un pacto entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para encarcelar a Uribe.

   "Es absolutamente ridículo. Yo no sé de dónde saca Iván Duque semejante aseveración", ha afirmado Santos, quien firmó en el 2016 un acuerdo de paz con las FARC que permitió a ese grupo convertirse en partido político después de entregar las armas.

   Los colombianos irán a las urnas en marzo para elegir un nuevo Congreso y en mayo para escoger al sucesor de Santos. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta en junio entre los dos más votados.