MONTEVIDEO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Uruguay declaró este lunes inconstitucional la ley que impide juzgar a militares acusados de violar los Derechos Humanos durante el régimen militar vigente entre 1973 y 1985.
La declaración de inconstitucionalidad de la máxima instancia judicial uruguaya se produce seis días antes de que, en coincidencia con las elecciones presidenciales, se realice un referéndum en el que la ciudadanía decidirá sobre la anulación de dicha norma.
La resolución de Corte Suprema se aplica únicamente a la investigación por la muerte en 1974 en un cuartel militar de la profesora Nibia Sabalsagaray, debido a presuntas torturas.
"Por unanimidad la declaran inconstitucional (...) es una posición de la corte muy contundente, muy sólida", declaró a Reuters la fiscal del caso, Mirtha Guianze. "En caso de que la ley fuera anulada no tendría sentido plantear otras inconstitucionalidades, pero en caso de que el plebiscito no alcanzara los votos, existe la posibilidad de plantearla para otros casos", comentó la fiscal.
Los magistrados justificaron la medida al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo regulado por la Constitución.
El pasado febrero, las dos cámaras del Congreso de Uruguay se mostraron a favor de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada por un referéndum en 1989. "Normalmente cuando la Corte Suprema tiene una posición, después emite lo que se llama decisión anticipada, que es más rápida", agregó Guianze.
La ley obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de comenzar una investigación por violaciones a los Derechos Humanos durante el Gobierno 'de facto'.
200 DESAPARECIDOS
Según una encuesta de la consultora local Factum, un 45 por ciento votaría por la anulación de la ley y un 5 por ciento se inclinaría por la nulidad aunque con ciertas dudas mientras que un 17 por ciento todavía no había decidido su voto. Para que la ley sea derogada, los sufragios a favor de la nulidad deberían superar el 50 por ciento del total de los votos.
Un total de unos 200 uruguayos desaparecieron durante el Gobierno militar, la mayoría de ellos en Argentina, durante operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países. El Gobierno del socialista Tabaré Vázquez excluyó algunas investigaciones de la ley debido a que los delitos se iniciaron en el país vecino.
En la actualidad, varios militares de la dictadura así como el presidente que disolvió el Congreso y dio paso al golpe de Estado están encarcelados.