Las excavaciones en busca de desaparecidos en Uruguay siguen sin dar resultados
MONTEVIDEO, 18 Dic. (EP/AP) -
El jefe del equipo de antropología forense que busca restos de desaparecidos políticos en Uruguay, José Luis López Mazz, admitió hoy que los militares hicieron "un fino trabajo", de manera que se consideran irrecuperables los cadáveres enterrados en la zona. El anuncio llegó el mismo día en que el último dictador militar, Gregorio Álvarez, cumple su primer día de detención preventiva.
El ex dirigente cumple condena por trasladar clandestinamente a estas personas desde Argentina a Uruguay, en el marco del llamado 'Plan Cóndor' que las dictaduras de Sudamérica de la época instrumentaron para plantar cara a la insurgencia en los años 1977 y 1978.
Esta es la segunda etapa de las excavaciones ordenadas por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que se inició poco después de asumir su cargo en 2005. En la primera etapa, hasta el 2006, el equipo de forenses encontró sólo los cuerpos de los comunistas secuestrados en 1976 Ubagesner Chávez Sosa y de Fernando Miranda. En Uruguay desaparecieron 29 personas pero en Argentina hay unos 150 uruguayos que siguen sin ser hallados.
Si esta segunda ronda de excavaciones culmina sin resultados, es probable que el Gobierno ponga fin a la búsqueda, a pesar de la petición de algunos organismos de Derechos Humanos, que sostuvieron que tras el arresto de Álvarez, presidente de facto entre 1982 y febrero de 1985, se deben profundizar las investigaciones.
López Mazz manifestó que las excavaciones en los suburbios de Montevideo, que de momento no han producido resultados, finalizarán "en una semana". El rastreo realizado en la zona de La Tablada tampoco dio resultados, por lo que Mazz cree que el Ejército del dictador hizo "un trabajo muy fino de desaparición de los cuerpos".
Aunque el presidente Vázquez aseguró que respetaría la ley, logró eludirla al iniciar investigaciones fuera de Uruguay, gracias a las cuales logró detener y procesar a una decena de militares y policías retirados acusados de violaciones a los Derechos Humanos durante el período dictatorial iniciado en 1973. También está detenido el que fuera presidente civil Juan M. Bordaberry, que cumple pena por 14 homicidios especialmente agravados, aunque está en prisión domiciliaria por su estado de salud.
También está preso su ex ministro de Asuntos Exteriores Juan C. Blanco acusado de cuatro homicidios y en otra causa separada de la desaparición en 1976 de la maestra anarquista Elena Quinteros.