Actualizado 13/08/2010 21:07

Uruguay.- La Justicia de Uruguay rechaza la propuesta del Gobierno de establecer un cupo carcelario


MONTEVIDEO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Uruguay ha rechazado este viernes la propuesta del presidente, José Mujica, de establecer un cupo carcelario que obligaría a los jueces a dictar sentencia en función del número de plaza libres que existan en las prisiones, en el marco del plan del Gobierno para combatir el hacinamiento de la población penitenciaria con el que pretende liberar a unos 2.000 reos.

El presidente del alto tribunal, Jorge Chediak, argumentó que los jueces no pueden condicionar sus decisiones al espacio existente en los distintos penales del país porque ello vulneraría el principio jurídico de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, según informó el diario uruguayo 'El País'.

Además, consideró "inviable" la propuesta del Ejecutivo de articular un mecanismo en cadena que permita derivar a ciertos reclusos al arresto domiciliario cuando un juez decrete que otra persona debe ingresar en prisión o, en el caso de que eso no sea posible, que obligue al jurista a "generar la plaza correspondiente", aunque no especifica cómo.

De forma paralela se crearía una Comisión de Control y Seguimiento de Cupo Penitenciario, que estaría integrada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, representantes policiales y judiciales, que se ocuparía de vigilar la asignación de plazas y de controlar el nivel de hacinamiento clasificándolo como "aceptable", "alto" y "crítico".

A la oposición judicial se ha sumado también la política, ya que el senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, consideró que esta medida atenta contra la independencia de poderes del país al obligar a los jueces a consultar a esta comisión antes de dictar sentencia.

"La función del Ministerio del Interior es garantizar el orden público y el cumplimiento de las órdenes. Una sociedad no se ordena de esta manera. Si una persona comete un delito, debe ser penada por la ley", dijo por su parte el diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay.

LA INICIATIVA

El Gobierno prepara un paquete de medidas para aligerar la población penitenciaria con el que pretende liberar a unos 2.000 presos que hayan cumplido las dos terceras partes de su condena y a aquellos que permanezcan en las cárceles sin una sentencia firme, independientemente del delito que hayan cometido.

Los reclusos que recuperarán su libertad deberán cumplir al menos con uno de los tres requisitos impuestos por el Ejecutivo. El primero de ellos, haber cumplido con gran parte de la condena, al que podrán acogerse cerca de 1.100 reos; en segundo lugar, carecer de una sentencia firme; y, por último, tener menos de 28 años y contar con un informe de buena conducta en el centro de reclusión.

En la actualidad existen cerca de 9.000 presos en todo el país, de los cuales 4.267 hombres y 373 mujeres se encuentran en cárceles metropolitanas, según cifras oficiales de 2009, informaron medios locales.