11 de abril de 2006

Uruguay.- ONG piden al Gobierno español que no financie con dinero público la planta de celulosa de ENCE en Uruguay

El Centro de DDHH y Medio Ambiente argentino ha dirigido otra misiva a Zapatero alertando de los negativos impactos de esta inversión

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una coalición de más de 70 ONG y organizaciones sociales, --entre ellas Setem, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, la Red Ciudadana de Abolición de la Deuda Externa (RCADE), Justicia Ambiental, o Acción Ecológica de Ecuador, -- pidieron hoy a través de una carta dirigida al presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, de Turismo y Comercio, Pedro Mejía y al presidente de la Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación CESCE), Joan Badosa, que no financien con dinero público la "peligrosa" planta de celulosa que la empresa española ENCE tiene previsto ubicar en Uruguay.

Ante lo que consideran un "escandaloso préstamo" del ICO por un importe de más de 290 millones de euros para el proyecto de ENCE de construcción de esta gran planta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay, con graves impactos sociales, ambientales y económicos, y ante la posibilidad de que el gobierno español, mediante CESCE, reasegure esta operación utilizando fondos públicos, la sociedad civil "se moviliza", no sólo en España, sino también a nivel internacional, afirman.

Pese a la polémica instalación de las papeleras, los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio así como de Economía y Hacienda e instituciones públicas como ICO o CESCE, "están considerando un importante apoyo financiero a ENCE", --recuerdan--, que tiene previsto un proyecto que "generará impactos ambientales, sociales y económicos altamente negativos" violando así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Según un informe interno de CESCE citado por estas organizaciones, el ICO ha solicitado una cobertura para el préstamo otorgado a la filial de ENCE en Uruguay, Celulosas de M'Bopicua, por un importe de casi 300 millones de euros más los intereses (7%), para cubrir los riesgos de 'Guerra y situaciones asimiladas' así como de 'Expropiación y limitaciones a los derechos del asegurado'.

Dicho informe, elaborado para la reunión de los consejeros delegados de CESCE del próximo 18 de abril en la que se tomará la decisión sobre la solicitud de ICO, revela que CESCE considera "conveniente posponer cualquier decisión en relación a la cobertura dejando en manos del gobierno español la decisión final sobre la operación".

"Parece ser que el proyecto de ENCE es tan engorroso que CESCE no quiere arriesgarse, llegando a señalar que los conflictos acaecidos hasta la fecha han sido ampliamente publicitados en la prensa internacional", por lo que parece probable que si CESCE decide finalmente apoyar el proyecto "continúe siendo objetivo de críticas por parte de diferentes organismos, gubernamentales o no gubernamentales, máxime en la medida en que dicho apoyo se otorga por cuenta del Estado", afirman las ONG.

A su juicio, "resulta inadmisible que el Gobierno español decida asegurar el préstamo de ICO a través de un seguro de CESCE, cubriendo así las posibles pérdidas económicas que una eventual paralización de la construcción de la planta provocada por las importantes movilizaciones en Uruguay y Argentina en contra del proyecto".

"Exigimos por lo tanto la cancelación inmediata del préstamo otorgado por el ICO y la constitución de una comisión parlamentaria que investigue las circunstancias del otorgamiento así como la toma de decisión de la financiación a través de CESCE", pide esta coalición, a la que se han sumado a título personal más de 30 profesores, ciudadanos argentinos y miembros de otras ONG como 'Paz Ahora'.

"Advertimos al gobierno español que su apoyo a la operación de ENCE tendrá graves repercusiones y le hacemos responsable de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que este proyecto puede causar", alertan. A su entender CESCE "actúa en un marco de ilegalidad por la falta de transparencia que envuelve todas sus operaciones, incumpliendo la Directiva Europea sobre el acceso público a la información ambiental (2003/4/CE)".

La falta total de sostenibilidad del proyecto ha tenido por respuesta una importante oposición local, con masivas manifestaciones de ciudadanos argentinos y uruguayos.

CARTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En el marco de estas manifestaciones el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, con 40.000 miembros en Argentina), ha dirigido a CESCE, a miembros del Ministerio de Economía e Industria y al Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que se explicitan los negativos impactos de dicha inversión y se solicita explícitamente que CESCE no apoye la financiación de la planta.

En este sentido recuerdan que la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial contempla también la co-financiación del proyecto, pese a que su Asesor en Materia de Observancia (CAO), --encargado de revisar el cumplimiento de la política social y de Medio Ambiente en sus proyectos-- ya anunciara deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, y recomendara su revisión. El caso ha sido además denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La carta fue enviada ayer, y firmada por ONG de desarrollo, organizaciones ecologistas, grupos de solidaridad, académicos y profesores, etc. A nivel internacional destacan las adhesiones, entre otras, de la Red Internacional 'Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica', Enviromental Defense (Estados Unidos), Asia Pacific Movement for Debt and Development (India), REDES-Amigos de la Tierra (Uruguay) o el mismo CEDHA (Argentina).