Actualizado 12/09/2006 00:45

Uruguay.- Organizaciones de Derechos Humanos cuestionan el supuesto suicidio de un represor de la dictadura


MONTEVIDEO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización para la defensa de los Derechos Humanos uruguaya Plenaria, Memoria y Justicia ha cuestionado el supuesto suicidio del ex militar Juan Antonio Rodríquez Buratti, quien se disparó en la cabeza para evitar ser detenido por orden de un juez que investiga su implicación en la represión durante la dictadura.

Así lo aseguró Irma Leites, integrante de Plenaria, Memoria y Justicia, en declaraciones a una emisora de radio local. "Lamento profundamente toda la información que se llevó gratis, no lamento su muerte", recalcó Leites, quien se preguntó si se sabe a ciencia cierta que fue un suicidio.

"¿Sabemos que fue suicidio?. Porque era clave en la desaparición de María Claudia Gelman (nuera del poeta argentino Juan Gelman) y de Simón Riquelo (un bebé apropiado durante la dictadura y que fue recuperado por sus familiares). Sabía quienes mandaban matar, quienes daban órdenes y con él se corta una cadena importante", indicó.

Por su parte, Luisa Cuestas, integrante de la organización de Derechos Humanos Detenidos Desaparecidos, dijo que el ex militar Rodríguez Burratti no tuvo valor para decir la verdad y por eso se mató. "El método que siguieron hasta ahora los militares es el de la mentira y el silencio", sentenció.

El pasado 31 de agosto la Fiscalía, en un hecho histórico, pidió 12 años de cárcel para ocho militares y dos policías por crímenes en el temido centro de torturas Automotores Orletti, en Buenos Aires, en el marco de la llamada Operación Cóndor.

Entre los implicados se encontraba Rodríguez Buratti, acusado por el Ministerio Público de los delitos establecidos en el Código Penal, artículos 150, 151, 281 y 283, que pueden determinar penas de penitenciaría de hasta 12 años dados los agravantes.

El juez Luis Charles debe expedirse en próximos horas si confirma el dictamen de la Fiscalía. De ser procesados deberán cumplir primero la pena impuesta en Uruguay y luego, en caso de habilitarse el pedido de extradición de la justicia argentina, deberán hacer frente a la condena que corresponda según la normativa jurídica en Buenos Aires.