Actualizado 13/06/2008 01:43

Uruguay.- Tabaré Vázquez trata de convencer a militares y ex guerrilleros de que asuman sus delitos durante la dictadura


MONTEVIDEO, 12 Jun. (Reuters/EP) -

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha iniciado conversaciones con militares y ex guerrilleros para tratar de convencerles para que asuman su responsabilidad en delitos cometidos durante la dictadura, como una forma de tratar de superar ese periodo de la historia reciente del país, confirmó el ministerio de Exteriores de ese país sudamericano.

El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Gonzalo Fernández, explicó hoy que la iniciativa del presidente no supone poner punto final a las acciones de la Justicia, que ya ha puesto entre rejas a los principales responsables de violaciones de los Derechos Humanos de la dictadura (1973-1985).

Vázquez "ha tenido alguna charla con algún miembro de las Fuerzas Armadas y algunos miembros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en procura de que se haga un reconocimiento de los hechos ocurridos en el pasado", dijo Fernández a periodistas.

"Lo que en principio es la idea del presidente es que todos reconozcan su cuota de responsabilidad en los hechos sucedidos en el pasado", agregó.

El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una agrupación de izquierda que surgió en la década de 1960 y que actuó como guerrilla en sus comienzos, forma parte actualmente del partido gobernante Frente Amplio y varios ex guerrilleros ocupan puestos en el Poder Ejecutivo y en el Congreso.

Durante la dictadura, unos 200 uruguayos fueron secuestrados y asesinados por militares que perseguían a simpatizantes de izquierda que se oponían al Gobierno.

La mayoría de las víctimas del régimen de facto aún permanece desaparecida y, si bien los militares recién bajo el mandato de Vázquez --quien asumió en el 2005-- aportaron información sobre su destino, sólo fueron encontrados los restos de dos víctimas.

Una decena de militares y el presidente civil del régimen fueron enviados a prisión recientemente cuando el Gobierno excluyó sus casos de una ley de amnistía --que impedía juzgar a acusados de violaciones a los derechos humanos-- alegando que el delito inicial de secuestro había comenzado en Argentina.