Dice que si el Estado cede a presiones políticas de España e incumple, elevarán la denuncia ante la Corte Interamericana de DDHH
CARACAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado venezolano Marino Alvarado ratificó esta tarde a Europa Press que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002, en el que se establecía una indemnización de 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" por su deportación "ilegal y arbitraria'.
Se trata de un acuerdo amistoso de ocho páginas, que está firmado por los dos abogados de los etarras y la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores encargado de adelantar las negociaciones y acuerdos en casos sometidos al procedimiento de solución amistosa, según explicó Alvarado a Europa Press.
Asimismo, precisó que este acuerdo se cerró con la citada oficina, "que actuaba con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería", y recordó que fue refrendado el 8 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se felicitó por el hecho de que el Estado venezolano hubiese negociado un acuerdo de esas características antes de que el organismo emitiera su sentencia.
CESIONES POLITICAS
El letrado insistió en que el Ministerio de Exteriores conocía "a la perfección" el contenido de ese acuerdo amistoso y no entiende que ahora pretendan echarse para atrás. Es más, Alvarado asegura que en las últimas horas se ha puesto en contacto con Monagas, la persona que representó a la Cancillería en las negociaciones, quien reconoció la existencia de ese acuerdo y ratificó su validez.
"No entiendo exactamente qué está pasando, pero me parece que el Gobierno está cediendo ante las presiones que le llegan de Madrid, y eso es inaceptable", indicó el abogado, quien advirtió que en caso de que las autoridades venezolanas decidan ahora incumplir lo pactado en junio, entonces elevarán su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.