MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, ha anunciado este martes que el país ha decidido "apoyar con fuerza" la resolución de Naciones Unidas que condena la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Tras varios días de polémica por las declaraciones del representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, que dijo que el país caribeño "ha sufrido un fuerte asedio del intervencionismo", el Gobierno argentino ha decidido reivindicar la "defensa global de los Derechos Humanos".
Así, ha señalado que respaldará el trabajo realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela desde hace años bajo el mandato del presidente, Nicolás Maduro, según informaciones del diario 'La Nación'.
El Ministerio de Exteriores argentino ha indicado en un comunicado que "mantendrá su liderazgo en la defensa global de los Derechos Humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana".
En este sentido, ha animado a las autoridades de ese país investigaciones "prontas, exhaustivas, independientes e imparciales" de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, tal y como recoge el texto.
En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos previa a la votación sobre la situación en el país caribeño, el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, ha adelantado la postura final del Gobierno al abstenerse de una resolución que presentaron Irán y Venezuela.
Sobre este documento, Villegas ha asegurado que "presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los Derechos Humanos en su territorio reflejada en el informe oral de la alta comisionada el 25 de septiembre".
Asimismo, ha instado al Gobierno venezolano a cooperar plenamente con todos los mecanismos del Consejo de Seguridad y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes.
Además, ha pedido que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las acusaciones vertidas sobre el Gobierno venezolano para llevar a los responsables ante la Justicia y poder así "reparar a las víctimas".
Este mismo martes, la exrelatora Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Hilal Elver ha mostrado una postura muy similar a la de Raimundi y ha calificado como "acciones criminales" las medidas coercitivas unilaterales que afectan a diferentes países, entre ellos Venezuela.
"El derecho a la alimentación y a la nutrición es una de las áreas de Derechos Humanos más importante y afectada de manera directa por las sanciones económicas unilaterales", ha afirmado Elver, que ha puesto de ejemplo a la población iraquí, "víctima de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos".