CARACAS, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno venezolano rechazó hoy "tajantemente" el contenido del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) correspondiente al año 2008, "por el carácter inexacto, malintencionado y falso de sus afirmaciones".
En el informe publicado ayer, la Comisión destacaba la "existencia de un ambiente hostil para la disensión política" en Venezuela, así como el "hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de Derechos Humanos" y denuncia "la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión que pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad". Caracas afirma que la Comisión sólo se ha limitado a recabar noticias de medios de comunicación para redactar el informe, y que por ello se ha convertido en "un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región", según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores venezolano.
El Gobierno venezolano recuerda que la Comisión "reconoció en su momento el breve Gobierno de facto instaurado tras el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez", momento en el que el organismo "perdió su credibilidad" al "negar una medida cautelar a favor del presidente Hugo Chávez solicitada por la ONG MINGA con el fin de resguardar su vida".
"Venezuela reitera su exigencia a la Comisión, para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, elimine la aplicación de un doble rasero y la politización, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados", añadió el texto oficial.
La Comisión lamentaba en su informe de la negativa de las autoridades venezolanas a que sus representantes visitaran el país para formular sus recomendaciones con mayor ecuanimidad.
En respuesta, Caracas recuerda que "la Comisión visitó Venezuela en el mes de mayo de 2002, poco tiempo después del golpe de Estado y, en vez de condenar este atentado contra las instituciones democráticas, justificó las acciones de sus autores".
"La Comisión debe admitir que reconoció el Golpe de Estado y rectificar su posición parcializada contra Venezuela" como condición indispensable para que se readmita su entrada en el país latinoamericano, según concluye la nota.