CARACAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó este miércoles la nueva Ley de Tierras Urbanas, que regulará la propiedad de los terrenos que se encuentren "sin uso" dentro de las ciudades, los cuales serán utilizados para la construcción de complejos residenciales para hacer frente al déficit de vivienda en el país.
Tras la reunión del Consejo de Ministros en la sede del Ejecutivo, el titular de Infraestructura, Diosdado Cabello, explicó que con esta nueva ley el Gobierno "podrá atacar el problema del latifundio urbano donde privados engordaban terrenos a expensas de las necesidades en desarrollo habitacional (de viviendas) e infraestructura de bienestar social".
El pasado 14 de agosto, el Congreso dio luz verde a esta normativa que ha despertado polémica en la oposición que ha asegurado que servirá para que Chávez profundice su política de expropiaciones que hace unos años comenzó en las zonas rurales.
Esta ley "se aplicará en todas las tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda en el territorio nacional, donde por tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de viviendas se entiende aquellas sin uso ubicadas en áreas centrales de las ciudades y en los municipios", señala el resumen divulgado en agosto por la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
A partir de ahora, los propietarios de los "inmuebles, terrenos y parcelas que se encuentren en las condiciones de tierras urbanas aptas están obligados a enajenarlos a favor de la República conforme al principio del derecho de preferencia". En estas se incluyen "aquellas tierras urbanas abandonadas por sus propietarios, las que están sin edificar y cualquier otra que así determine el Ejecutivo nacional".
El Gobierno venezolano, a través de órganos competentes, será el encargado de determinar los espacios que va a intervenir, tal y como sucede con la Ley de Tierras para el control de los espacios agrarios en las zonas rurales, mediante la cual han sido intervenidas decenas de fincas.
La nueva ley se justifica porque "existen extensiones de terrenos cuyo uso en nada corresponde con la función social que debe darle a la propiedad, debido a la existencia de grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compraventa de terrenos y parcelas", señala la ABN.