CARACAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó este jueves la expropiación y posterior nacionalización de las centrales azucareras de Sucre y Ureña, con el objetivo de devolver la utilidad a las plantas después de que sus respectivos dueños paralizaran la producción sin motivo aparente, según informó Radio Nacional de Venezuela (RNV).
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua; el de Alimentación, Félix Osori; y el de Comercio, Eduardo Samán, anunciaron la medida en el estado de Zulia donde se encuentra la central de Sucre. Jaua aseguró que tras las denuncias recibidas el pasado 9 de septiembre por los trabajadores de la azucarera de Sucre, el Gobierno decidió ocupar de forma temporal la fábrica para inciar después el proceso de expropiación.
"Cuando nosotros recibimos las denuncias, de inmediato el presidente de la República fue notificado y autorizó la ocupación temporal y la expropiación de la central para convertir a esta empresa en una empresa socialista", subrayó el responsable de Agricultura y Tierras.
Asimismo, seguró que el paro en la producción de esta planta se realizó "de manera ilegal, arbitraria e inhumana y se echó a la calle a más de 3.000 trabajadores".
Respecto a la azucarera de Táchira, el ministro explicó que la actuación del Gobierno responde a la pretensión de sus dueños de cerrar la fábrica. Jauja señaló que las autoridades venezolanas, que analizaron este miércoles las instalaciones de la planta para comprobar su estado, ordenaron el traslado de toneladas de azúcar a la fábrica para reanudar la actividad y rescataron las siembras de caña de azúcar para reactivar la producción en la zona.
Por su parte, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, indicó que el Gobierno del presidente Chávez está actuando con severidad "para devolver la dignidad y la seguridad a los trabajadores que desde el mes de septiembre estaban sin operar".
El ministro de Comercio, Eduardo Samán, explicó la base legal de esta medida y argumentó que el Gobierno está actuando de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. Estas normas facultan al Ejecutivo venezolano para ocupar y expropiar cualquier empresa cuya actividad sea paralizada de forma autoritaria por sus dueños.
En este sentido, Jauja aseguró que dichas normas autorizan al Gobierno a emprender acciones contra aquellos empresarios "irresponsables que viven de la especulación y del acaparamiento y que no les interesan sus trabajadores ni la alimentación del pueblo", puntualizó.